Opinión

Combate a la corrupción internacional

Federico Rubli Kaiser*
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Dólar

Los pagos ilegales para obtener algún favor especial en una relación de negocio son una amenaza que corroe los principios morales y de eficiencia económica de una sociedad. La habilidad para enfrentar este tipo de corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, se ve obstaculizada por una ausencia de transparencia, rendición de cuentas e integridad en los sectores público y privado.

La debilidad de una legislación anticriminal y mecanismos de combate a la corrupción es un obstáculo importante que enfrenta una lucha efectiva contra estos actos corruptos. Si consideramos la esfera de los negocios internacionales o transnacionales, además se requiere de un sólido compromiso de cooperación internacional. Ningún sector es inmune a este riesgo internacional. La OCDE ha identificado como los sectores que más se ven afectados por el potencial de la corrupción transfronteriza a las telecomunicaciones, la construcción, la minería, los sectores médico y farmacéutico, y los proyectos de transporte e infraestructura.

El análisis de la OCDE considera dos desarrollos que en particular representan un desafío para combatir los actos corruptos en un contexto global: (a) que la expansión de los negocios internacionales se combine con debilidades sistémicas en países individuales como una gobernabilidad débil, funcionarios gubernamentales mal pagados, ausencia de Estado de derecho y de un adecuado cumplimiento de la ley, y (b) las privatizaciones, las licitaciones públicas, el outsourcing y las asociaciones público-privadas crean en potencia oportunidades para la corrupción. Ambos factores han aumentado los incentivos para cometer actos ilícitos en los negocios.

El costo de la corrupción internacional lo pagamos todos. Por ejemplo, las empresas locales (pequeñas y medianas sobre todo) pierden al no poder competir contra empresas que efectúan pagos ilícitos para obtener ventajas. Asimismo, el desarrollo económico de un país se ve amenazado cuando las grandes empresas transnacionales ven que sus inversiones corren riesgos en contextos corruptos. Hay costos a la reputación de accionistas cuando los dirigentes de las empresas son corruptos. La población en general también paga un costo cuando, debido a la corrupción, no obtiene buenos servicios públicos como acceso a agua potable, servicios de salud y de seguridad en las calles.

El Banco Mundial estima que más de un billón de dólares (si, un millón de millones) se destinan a pagos ilícitos a funcionarios gubernamentales para obtener ventajas en los negocios internacionales. Asimismo la OCDE calcula que el costo extra para hacer negocios en países con un nivel medio a alto de corrupción es cercano a 20 por ciento. Es como pagar un impuesto para hacer negocios globales.

Ante la seriedad de este fenómeno, cobra relevancia la iniciativa de la OCDE conocida como “La Convención Antipagos IIícitos” (Anti Bribery Convention). Se trata de la única instancia sancionadora enfocada exclusivamente a quien ofrece incurrir en un acto corrupto. Al adherirse a la Convención, los países se comprometen a investigar y perseguir penalmente si es el caso, a aquéllos individuos o empresas que ofrezcan “mordidas” y a establecer castigos severos. Los 34 miembros de la OCDE y otros siete países han suscrito la Convención; para mayor detalle véase http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm

En México no estamos exentos de los actos corruptos en los negocios internacionales, tanto por empresas nacionales como por grandes consorcios globales. Casos y anécdotas sobran. La persistencia de estos actos es un gran obstáculo al desarrollo y credibilidad de las reformas profundas que se están instrumentando, principalmente en el sector energético y de telecomunicaciones. Es por ello conveniente saber que existe la instancia de la Convención de la OCDE, que puede ser un coadyuvante importante para combatir la corrupción en nuestro país.

No sería una mala idea que a nivel nacional se consideraran adoptar los principios y medidas sancionadoras que prevé la Convención de la OCDE para luchar contra el mal endémico de la corrupción a todos los niveles. Se enviaría una señal seria a los mercados y a la sociedad que no se tolerará la corrupción. Sería un buen comienzo para la tan esperada creación y arranque de la Comisión Nacional Anticorrupción.

* Presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

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