Opinión

¿Manipulación en el mercado de tasas?

 
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El mercado de valores gubernamentales en México supera 6.2 billones de pesos, monto que representa casi 30 por ciento del PIB.

Eso suman los instrumentos de deuda –Bonos con tasa de interés fija, Udibonos, Bondes D y Cetes– colocados por el gobierno federal entre el público inversionista.

Del saldo en circulación, cerca de 65 por ciento está en manos de inversionistas nacionales y 35 por ciento está en poder de extranjeros, según datos del Banco de México.

Ante su tamaño y composición, no es menor el hecho de que la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica haya iniciado una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda que emite el gobierno.

Se está analizando si en el mercado se presentó alguna forma de colusión o coordinación entre competidores que, de cierta manera, hubiera manipulado las tasas de interés o los precios de referencia.

Más aún, que hubiera afectado no sólo a los inversionistas y ahorradores, sino también al gobierno mexicano, que es el emisor de la deuda que se coloca en el mercado y que, en buena parte, sirve para financiar el gasto público.

La investigación formalmente inició hace seis meses, aunque hasta ahora se dio a conocer, dijo Carlos Mena, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece.

Se está revisando un gran número de subastas y colocación de valores gubernamentales, donde los intermediarios financieros –bancos y casas de bolsa, Afore y sus Siefore, sociedades de inversión, así como aseguradoras y afianzadoras– pudieran haberse coludido.

Se analiza si de alguna manera existió colusión entre los postores en el mercado primario, donde los valores se adquieren mediante subastas en las que el postor indica el monto que desea adquirir y la tasa o el precio al que está dispuesto a comprarlos.

Pero además se investiga el mercado secundario, en este caso a través de los intermediarios o las casas de corretaje en los diferentes instrumentos.

Eso es importante porque también existe un mercado secundario amplio de los valores gubernamentales, donde se negocian unos 100 mil millones de pesos diarios.

La Cofece tiene facultades de revisión hasta 10 años atrás a partir de la fecha en que se inició la investigación, el 28 de octubre de 2016.

Durante la investigación se puede ir acotando el periodo de revisión para determinar si alguno de los intermediarios violó la Ley Federal de Competencia Económica y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes, dijo Mena.

La investigación, que es inédita en México, puede llevar hasta dos años y medio para concluir si algún intermediario pudo haber violado la legislación.

La Cofece “tuvo conocimiento de hechos que constituyen indicios de la posible realización de prácticas monopólicas absolutas” en el mercado de intermediación de valores gubernamentales.

Al término de la investigación, en unos dos años, se sabrá si entre intermediarios hubo colusión o acuerdos ilegales para manipular el mercado en perjuicio del gobierno.

La colusión en este caso debe ser grave, pues las tasas que el gobierno paga inciden directamente sobre el costo de su deuda interna.

Twitter: @VictorPiz

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