Opinión

Colombia: la paz y la justicia

1
   

   

FARC

Los esfuerzos por alcanzar una paz negociada con las FARC han avanzado significativamente en las últimas semanas. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha enviado a una delegación militar de alto nivel (cuatro generales y un almirante) a Cuba para dialogar con la guerrilla. Es la primera vez que intervienen directamente militares activos, ajenos al proceso civil de negociación y representa en palabras del presidente Santos “una oportunidad histórica para reconciliar posiciones” y reconstruir un proceso que ha sido saboteado en múltiples ocasiones.

Colombia enfrenta una etapa trascendente que va mucho más allá de encontrar los mecanismos jurídicos y formales de un acuerdo de paz, y concluir un conflicto armado que se extiende por más de 30 años. Al centro del debate está la reconciliación de una sociedad dolida, herida, dividida por muchos años, donde unos han estado de un lado, como víctimas de secuestros y atentados por una guerrilla que buscaba reivindicación social, y por la otra grupos diversos de empresarios, políticos y paramiltares que han jugado roles cambiantes por más de tres décadas.

Lograr la paz implica necesariamente “perdonar” e incorporar a la vida civil, incluso a la política, a los dirigentes de las FARC, de la guerrilla señalada como responsable de sangre y muerte por tantos años. Pero esto no es sencillo.

La idea de justicia, de penas y condenas, de cárcel, de delitos largamente denunciados y señalados, no pueden ahora ser relegados al fin del archivero porque se impone la política de la paz, de la negociación, del desarme. Los procesos en el mundo que registran avances y logros substanciales en esta materia (ERI, en Irlanda del Norte; ETA, en el País Vasco (no concluido del todo); FMLN, en El Salvador), establecen mecanismos claros para la participación política de la antigua guerrilla; formación de partidos, incorporación a congresos y hasta integración de gobiernos.

La pregunta de fondo es si Colombia está lista para asumir el elevado costo de la paz. Recibir en el Congreso como legislador a un antiguo guerrillero, ser compañero de alguien que dirigió atentados y secuestros, ataques que costaron vidas. La paz y la justicia marchan por caminos separados, cuando un sector de la sociedad exige pena y castigos a los guerrilleros en su conversión a la vida civil. Incluso, castigos para aquellos que desde la política o la iniciativa privada fueron promotores e impulsores del conflicto.

Conciliar la paz y la justicia es uno de los equilibrios más complejos en un proceso de negociación como el que vive Colombia. Las encuestas señalan que más de 68 por ciento de la población favorece el proceso de paz sin cortapisa o condición alguna, mientras que otro 23 exige juicios, condenas y cárcel como requisito obligatorio para otorgar el perdón y la incorporación a la vida civil.

Por lo pronto, el gobierno del presidente Santos busca a toda costa avanzar las negociaciones antes de que otros sectores y poderes colombianos dinamiten una vez más el proceso. La paz para Colombia puede significar, lo indican así las firmas inversoras en Nueva York, un despegue económico de tres o hasta cuatro puntos del PIB nacional. Santos lo sabe, y quiere acelerar el proceso para demostrarle a los colombianos, los réditos de la paz. Pero queda aún pendiente el delicado tema de la justicia. Qué castigar, qué penas imponer, qué procesos seguir hasta las últimas consecuencias, cómo se logra satisfacer a una sociedad herida por décadas.

Nelson Mandela y su histórico viaje hacia la paz y la reconciliación en una nación profundamente dividida dejó lecciones poderosas. En contra de un “borrón y cuenta nueva”, registro puntual de los hechos, reconocimiento histórico y moral, pero tal vez, no prisión obligatoria para los que abandonan la guerrilla.

Twitter: @LKourchenko

También te puede interesar:
"La mexicanización"
Alerta terrorista
Cumbre de Minsk