Por un garantismo efectivo del acceso a la información para CDMX
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Por un garantismo efectivo del acceso a la información para CDMX

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Por un garantismo efectivo del acceso a la información para CDMX

22/05/2018

La Constitución Política del Estado mexicano ha sido muy clara en torno al cumplimiento de los derechos fundamentales que ha plasmado en el seno de su texto.

Es cierto que ha existido una práctica indeseable en torno a lo que la Constitución dice y a lo que las instituciones públicas hacen.

Parece muy fácil pensar, como diría don Manuel Herrera y Lasso, que buena parte de lo que la Constitución mandata se vuelve en poesía constitucional.

Tal vez el mejor ejemplo sea el caso del propio derecho a la información plasmado en la Constitución de una manera poco afortunada en la parte final del artículo 6º. Es claro y no hay lugar a dudas que la Constitución plasmó un nuevo derecho fundamental, pero el cómo ejercerlo fue una incógnita hasta que, a un notable grupo denominado Oaxaca realizó una propuesta de legislación que regulara el ejercicio de un derecho que le permitiera a cualquier individuo requerirle al Estado cualquier tipo de información.

Sin duda, el mérito fue de la sociedad civil y de la academia, si me permiten estas categorizaciones. Pero en el fondo existe el sedimento de ¿y por qué las instituciones del Estado mexicano no hicieron nada al respecto? Insisto, existe un mandato constitucional indudable, pero como dicen los abogados, se volvió letra muerta.

Esto no puede ser posible. De manera nuevamente afortunada, aunque de exploración infrecuente, se prevén mecanismos para combatir la omisión legislativa, he ahí el caso de la legislación en materia de comunicación social y propaganda gubernamental. Sin embargo, iniciar todos estos procesos de inconstitucionalidad por el descuido, olvido, negligencia y otros sinónimos de la omisión legislativa, llevan tiempo y esfuerzo.

Resulta sin duda lamentable, cuando la omisión recae en el funcionamiento de una institución pública garante de derechos fundamentales. En efecto, con ello me refiero sin cortapisas a la evidente situación de desidia en que ha incurrido la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México omitiendo nombrar la integralidad y colegialidad del organismo garante de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales en la Ciudad de México.

La reforma constitucional de 2014 al régimen de transparencia en México fue clara: determinó que en las entidades federativas se constituirían organismos garantes autónomos defensores de los derechos de acceso a la información y de la protección de los datos personales. Si bien, es cierto que la Ciudad de México contaba ya con una instancia autónoma y que ha sido ejemplo de un trabajo constante y digno de mención, la Asamblea Legislativa ha sido indolente en la función constitucional que tiene y que debería de cumplir con designar a los integrantes del Pleno del INFODF o INFOCDMX (la nomenclatura es lo de menos).

Pero en un proceso que los medios de comunicación y los especialistas han calificado de desaseado, han transcurrido los plazos legales para estructurar la nueva configuración del organismo garante capitalino.

Al día de hoy, sólo una comisionada subsiste en dicha instancia.

Afortunadamente, el INAI ha tomado la decisión de ejercer la facultad de atracción para resolver numerosos recursos de revisión de quienes ejercen el derecho de acceso y de protección de datos personales en la Ciudad de México, sustentando su determinación colegiada en un garantismo efectivo.

Tal vez sea una decisión controvertida, sin duda. Pero la mencionada reforma de 2014 permitió que el INAI asumiera un liderazgo nacional en la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, dotándolo de diversas facultades que prevean la vulneración y protejan ambos derechos fundamentales.

Por tanto, reitero lo dicho en la pasada sesión del Pleno del 11 de mayo: la atracción que realiza el INAI de los recursos de revisión presentados en el órgano garante de la Ciudad de México, se lleva a cabo garantizando la tutela efectiva de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, dotando con ello un actuar que brinde seguridad jurídica a tales recurrentes; situación que configura los requisitos de interés y trascendencia que enmarcan la facultad que ejerce este organismo autónomo nacional. Esperemos que este estatuto de excepcionalidad se conserve y los Congresos Locales asuman en su actuación, la observancia.

*El columnista es Comisionado del INAI.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.