por Blanca Lilia Ibarra Cadena
Es un lugar común afirmar que la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales son elementos inherentes a las democracias modernas; sin embargo, en la cotidianeidad, poco nos detenemos a reflexionar sobre su impacto y alcance.
Hago propicia la ocasión de mi reciente incorporación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para significar algunos puntos del interés general. En primer lugar, se debe considerar la función del INAI como un eje central para avanzar en la consolidación democrática de nuestro país, donde las instituciones públicas otorguen un valor estratégico a la información, como un bien común que favorezca a una ciudadanía mejor informada y participativa, así como propiciar mecanismos de interlocución entre sociedad y gobierno.
Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la información coadyuva en la orientación de los principios inherentes al servicio público: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, delineados en el artículo 134 Constitucional, que a su vez, fungen como herramienta de control social de las actividades estatales y del ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos. En otras palabras, el INAI además de ser una conquista democrática de los últimos años, es un instrumento de la sociedad para equilibrar las relaciones de poder y transparentar las decisiones de Estado.
Bajo ese contexto, el derecho de acceso a la información se vincula con el derecho a una buena administración, como una prerrogativa ciudadana que posiciona a la persona en el centro de toda la actividad estatal. A más de 15 años de la entrada en vigor del derecho de acceso a la información pública, así como de la protección de datos personales en México, se pueden observar avances tangibles en la promoción, protección y garantía de estos derechos. Sin embargo, existen importantes retos que se deben atender para potenciar la socialización del derecho a saber, como herramienta llave y de carácter instrumental que permita el ejercicio de otros derechos. Ejemplo de ello, es la información que hoy día tiene la ciudadanía para ejercer sus derechos político – electorales y con ello, emitir un voto informado y razonado por la opción política que prefiera, así como afiliarse a un determinado partido político o en su caso, participar activamente dentro de un instituto político.
Desde mi perspectiva, considero al Derecho a la Información como un derecho fundamental que a su vez es un prerrequisito para poder ejercer libremente otros derechos fundamentales, entendidos como lo señala John Finnis, "aquellos que son necesarios para realizar un plan de vida". De lo contrario, se estaría creando una ciudadanía desinformada, situación incompatible con un Estado democrático. En ese contexto, en mi calidad de Comisionada de este Órgano Constitucional trabajaré por "abrir al máximo nuestras capacidades, la transparencia en beneficio de la ciudadanía", con un alto sentido de responsabilidad y visión de Estado.
Al interior, mi agenda se centrará en la construcción y consolidación de un Instituto abierto; con igualdad sustantiva y administración eficiente; mi postura jurídica será la de garantizar derechos fundamentales, con un análisis detenido caso por caso en estricto cumplimiento a la Constitución y tratados internacionales; esto como una condición para equilibrar la arquitectura constitucional; y con una gran vinculación a la sociedad civil: los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales deben ser socialmente útiles y deben permitir a las personas acceder a otros derechos. Con estos ejes como guía, pretendo orientar nuestras acciones a fin de responder a los retos actuales y a las exigencias de la ciudadanía.
*Comisionada del INAI.