La prisión preventiva en el marco del Sistema Penal Acusatorio
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La prisión preventiva en el marco del Sistema Penal Acusatorio

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La prisión preventiva en el marco del Sistema Penal Acusatorio

29/06/2018
Actualización 28/06/2018 - 23:39
logo Roberto Andrés Ochoa Romero
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

El Sistema Penal Acusatorio en México cruzó, en 2008, por un profundo rediseño que se vio reflejado en la incorporación de un conjunto de principios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suma de estos principios, que representan verdaderos logros, dignos de cualquier estado social y democrático de derecho, ha permitido mejorar el sistema de justicia penal nacional y acercarlo, desde el presupuesto general del debido proceso, a las exigencias que emanan de la dignidad humana.

Entre las modificaciones constitucionales centrales, avaladas por el Congreso de la Unión, es importante destacar la prisión preventiva justificada; misma que incluso, fue motivo de la difusión de un comunicado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

En la publicación, dirigida al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de los estados, al Procurador General de la República, a los procuradores y fiscales generales de justicia de las 32 entidades de la República Mexicana, así como a los jueces y magistrados del fuero federal y común en materia penal, los firmantes hacen patente su gran inconformidad con el abuso de la prisión preventiva justificada que se presenta desmedidamente, aseguran, en todo el país.

Es importante destacar que en el Sistema Penal Acusatorio, la prisión preventiva, en sus dos versiones o modalidades, está limitada por los presupuestos que, para su aplicación, dispone la Constitución Política y que, lógicamente, recibe y desarrolla el Código Nacional de Procedimientos Penales; de suerte tal que no puede solicitarse y ordenarse tal y como sugiere la publicación de la Barra Mexicana, por acuerdo o connivencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

A raíz de la referida reforma de 2008, la prisión preventiva recibe un tratamiento distinto en el marco del Sistema Penal Acusatorio. De entrada, se modifica su ubicación en el texto constitucional, al tiempo que se definen los presupuestos para su aplicación.

En este sentido, desde el texto del Artículo 19 Constitucional, párrafo segundo, se disponen dos variantes de la referida medida cautelar: prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa. Para cada supuesto se establecen puntualmente los casos en los que se puede aplicar, lo que permite subrayar su excepcionalidad, privilegiando el derecho a la libertad personal durante la investigación o el proceso, en plena congruencia con el principio de presunción de inocencia, figura clave en el nuevo sistema.

En lo que respecta a su modalidad oficiosa, desde el texto constitucional se establece que la medida cautelar será ordenada por el juez “en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

De esta forma, se reserva la aplicación (oficiosa) de la medida cautelar para los delitos indicados por su denominación legal, o bien, para aquellos que atenten contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o la salud. La definición de estos últimos se remite a la ley -tal y como lo refiere el propio Artículo 19 Constitucional- que no es otra sino el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora bien, en lo que atañe a la versión justificada de la prisión preventiva, el mismo numeral en su párrafo segundo, primera parte, abre la puerta para que el Ministerio Público pueda solicitarla al juez de control siempre que “otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.

A diferencia de lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa, en el caso de la justificada se habilita un régimen en casos particulares, esto es, que no parte del título de imputación o del contenido de ciertos delitos, sino que permite debatir su necesidad siempre que se actualice alguna de las razones previstas para ello en la Constitución.

Pero la amplitud de los supuestos previstos para la solicitud de la prisión preventiva justificada no genera incertidumbre. En efecto, ninguna de tales hipótesis condiciona su autorización por el sólo hecho de invocarla; al contrario, se trata de un conjunto de supuestos que permiten el debate entre las partes y que, si no existe base probatoria, fáctica y jurídica suficiente para justificar una u otra posibilidad, el juez habrá de negar la prisión preventiva desde luego, con independencia de que se imponga otra medida cautelar.

En definitiva, la prisión preventiva, en su versión justificada, no puede ser solicitada, como a veces se cree, por mero capricho del Ministerio Público o por política de las instituciones de procuración de justicia del país y, en su caso, ordenada por condescendencia de la autoridad judicial.

Precisamente por tratarse de una medida excepcional, los presupuestos de la prisión preventiva justificada están previstos constitucionalmente y su resolución exige un debate técnico jurídico previo entre las partes, con indispensable participación del juez. De esta forma, los principios de inmediación, publicidad y contradicción, conjuntamente, reducen el riesgo de abuso de esta medida cautelar.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.