Por Blanca Lilia Ibarra Cadena
La democratización del sistema político mexicano ha sido un proceso histórico que se desarrolló por la vía de las instituciones. Como sabemos, a partir de 1977 comenzó la transición a la democracia en México, con la incorporación de partidos políticos de oposición al Congreso de la Unión, así como el reconocimiento de las minorías parlamentarias con el fin de legitimar al propio sistema político.
Con el transcurso de los años, la incipiente democracia electoral se fue robusteciendo y generó un andamiaje jurídico electoral sólido: instituciones, leyes y autoridades, quienes a la par de la ciudadanía, en 1997 hicieron posible que, por primera vez, el Congreso Federal no tuviera una mayoría absoluta de un solo partido político; y en el año 2000, aconteció la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, aunque, en años previos se habían reconocido triunfos de la oposición en gubernaturas de los estados, como en Baja California. Es importante destacar los logros que, desde la justicia constitucional en materia de derecho a la información también se fueron logrando, por ejemplo en el año 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presentar su dictamen sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, sentó un importante precedente que estableció la relación directa entre el derecho a la información y el derecho a la verdad.
Sin embargo, la transición marcó el derrotero de los siguientes años en nuestro país, puesto que comenzamos a experimentar los cambios políticos y a dotar de significado a procedimientos que no habíamos utilizado en la historia constitucional de México: controversias constitucionales entre los Poderes de la Unión, y acciones de inconstitucionalidad para analizar la concordancia de las leyes con la Carta Magna. De igual forma, la judicialización de las contiendas electorales y el rediseño de un Poder Judicial activo y proclive a los derechos humanos, a grado tal de inaugurar una nueva época jurisprudencial dedicada temáticamente a los derechos humanos, interpretaciones todas ellas que decantan en los órganos colegiados al seguir sus directrices. Muestra de este avance, sin duda, es la existencia y funcionamiento de organismos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la actuación del Tribunal Electoral con sus resoluciones que han permitido transitar de una democracia procedimental a una democracia de contenidos.
Durante el devenir de estos cambios, podemos afirmar que transitamos de una democracia electoral a una democracia sustantiva, basada en ejes rectores como el derecho de acceso a la información, para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de las autoridades y órganos del Estado; la alternancia en los cargos de elección popular; la participación de la sociedad en asuntos públicos de manera destacada. Es un lugar común afirmar que la discrepancia y el conflicto son connaturales a la democracia lo cual es cierto, pero precisamente la lógica de los contrapesos institucionales es fundamental para alcanzar los equilibrios necesarios en una sociedad civilizada.
Precisamente, en este punto quiero detener la atención, y preguntar, ¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en una democracia? ¿Combatir la corrupción? ¿Recibir solicitudes de información y resolver recursos de revisión? En primer lugar, debe quedar claro que la vocación del INAI es ciudadana, porque atiende a las demandas sociales de contar con una institución que garantice un derecho humano a la información que cruza transversalmente a los demás derechos establecidos en el Pacto Federal y los Tratados, este Instituto le permite a la ciudadanía que, además de decidir con su voto a las autoridades que la gobernará, pueda ejercer otros derechos; es decir, maximiza sus posibilidades, la empodera
Las instituciones democráticas que fueron construidas a través de reformas, legislaciones específicas, la deliberación política y académica en esta etapa de cambios tienen mucho que aportar. Una democracia se caracteriza fundamentalmente por dotar a los ciudadanos de información necesaria para realizar un plan de vida; efectivamente, el INAI al igual que otros órganos son remediales, en tanto que en un plano ideal debería de fluir la información de manera natural, pero al tener oposición a garantizar un derecho humano, es necesario que el INAI exista y se pronuncie en el ámbito de su competencia.