Carlos Alberto Bonnin Erales
Para la toma de decisiones y los consensos, el conocimiento, el diálogo y la colaboración son indispensables. Como ciudadanía, construir un nuevo escenario donde todas las voces sean escuchadas e incluidas, tanto en la integración de propuestas legislativas, iniciativas y decisiones del entorno público; no ha sido sencillo. La falta de información y de canales de participación eran los mayores obstáculos.
El acceso a la información y la apertura gubernamental han modificado la forma en la que vemos y entendemos los asuntos políticos y de nuestra sociedad. Al propiciar el conocimiento de las acciones de las autoridades se ha facilitado un mayor seguimiento y evaluación de éstas. Este esquema de interacción entre las autoridades y la población ha significado mayor acceso a una participación más activa y sólida, posibilitando un eficiente contrapeso a la discrecionalidad en la toma de decisiones de lo público y un mecanismo de control social a favor de la rendición de cuentas, y el combate a la opacidad.
No obstante, para garantizar en plenitud el derecho de acceso a la información, es necesario contar con archivos organizados eficientemente que permitan la entrega y máxima publicidad de la información. Un sistema de archivos que funciona correctamente edifica mayores cimientos para el futuro acceso a la información de los ciudadanos.
La ciudadanía y los colectivos sociales que impulsaron los principios de la transparencia y el gobierno abierto han labrado un camino importante en la democracia mexicana. Los gobiernos no pueden quedarse atrás, adoptar medidas de apertura informativa, abrirse más a la colaboración de la ciudadanía, nos arrojará gobiernos más claros y confiables para todos.
En materia de transparencia y archivística, como servidores públicos debemos considerar que, al documentar adecuadamente nuestra acción cotidiana daremos cuenta de nuestra responsabilidad y cumplimiento de atribuciones. A través de una correcta gestión documental, nos encaminaremos hacia dos escenarios nodales:
1. La profesionalización y eficiencia de la administración pública en todos los órdenes y niveles de gobierno; y
2. Expedientes mejor conformados que faciliten el acceso a la información, y el ejercicio más pleno e informado de otros derechos fundamentales.
Cabe recordar que, la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del presente año, establece un marco de buenas prácticas y nuevos esquemas de trabajo en las rutinas de los servidores públicos. Con ello, se buscará contribuir también a generar una memoria institucional que sea insumo para evaluar su desempeño y establecer estrategias para la calidad y la transparencia administrativa. Los expedientes serán muestra y testigo para comprender las acciones y resultados cotidianos de las autoridades.
Los archivos y la transparencia son ya un eje transversal de la actuación gubernamental, vinculada estrechamente con el acceso de la información y el combate a la corrupción.
La construcción de este nuevo escenario más transparente y efectivo será una realidad al conjugar conocimiento, consenso e involucramiento activo de la sociedad civil, de los académicos, los periodistas, el sector privado y los servidores públicos. En este contexto, los servidores públicos debemos ser activos promotores y actores de la transparencia y la archivística. Conducirnos bajo los principios del Estado de Derecho, con responsabilidad y honestidad, así como procurar la consolidación de la Cultura de la Transparencia y la archivística, será nuestro mejor legado.