Opinión

Coaliciones y calidad
de la democracia

 
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Agustín Basave

Se han concretado cuatro alianzas anti-PRI para las 12 elecciones de gobernador de 2016: Durango, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz. Están pendientes los casos de Puebla, Chihuahua y Sinaloa. En Hidalgo, Tlaxcala y Tamaulipas no se contemplan porque los comités locales del PAN las rechazaron. Ayer se iba a aprobar la alianza para Puebla por parte del PRD, pero varios de sus integrantes rechazaron ir con el PAN porque consideran que el gobierno actual ha sido “represor”.

Cuatro de los probables candidatos que encabezarán las coaliciones hasta ahora pactadas son exintegrantes del PRI: Miguel Ángel Yunes (Veracruz), José Rosas Aispuro (Durango), Pedro de León (Zacatecas) y José Antonio Estefan Garfias (Oaxaca), quien renunció apenas el año pasado. Dos de ellos –Yunes y Aispuro– ya compitieron bajo la misma lógica (sacar al PRI del poder) y para el mismo cargo de gobernador en 2010.

Hay dos lógicas de las alianzas electorales. Una dice que las coaliciones anti-PRI tienen cierta superioridad moral y que garantizan un cambio democrático para terminar con la corrupción y los cacicazgos de ese partido. “Es una gran oportunidad de sumar fuerzas para sacar del gobierno al PRI autoritario y lograr un cambio que no ha sido posible en 80 años en sitios donde siempre ha gobernado el PRI con corrupción, atraso, falta de empleo e inseguridad”, dijo Ricardo Anaya, presidente del PAN.

Según esta lógica, las coaliciones anti-PRI producen mejores gobiernos.

Según Agustín Basave, presidente del PRD, “el PRI le está haciendo daño a México y (…) nosotros queremos frenar la restauración autoritaria (…) y ganarle al PRI para poner un mejor gobierno en su lugar”.

Pero no hay evidencia de que los gobiernos emanados de alianzas anti-PRI sean mejores o distintos de aquellos que sustituyen. En Sinaloa, por ejemplo, el PAN apoyó una coalición en 2010 encabezada por un exintegrante del PRI, pero ha cuestionado al gobernador de la entidad por incumplir sus promesas de campaña y endeudar al estado. Hace pocos días el partido lo acusó de haber apoyado a la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez López, quien es investigada por la PGR por presuntos vínculos con El Chapo Guzmán.

En Puebla, el propio PRD –que apoyó la coalición de Moreno Valle que derrotó al PRI– ha denunciado de represor al gobierno actual. En esa entidad no se detectan avances en el tema de la corrupción, una de las razones que hizo que perdiera el PRI hace seis años. En Oaxaca se ha dado un vuelco positivo en los últimos meses respecto a la reforma educativa después de varios años de inacción, pero el fenómeno del clientelismo sigue siendo el pan de cada día y, en voz del senador Benjamín Robles del PRD, habría casos graves de corrupción en el gobierno estatal.

Lo anterior no significa que las coaliciones del PRI con el Partido Verde produzcan –ésas sí– mejores gobiernos. Quintana Roo y Veracruz son sólo dos ejemplos de los excesos y abuso del erario que la falta de contrapesos puede causar. También está el caso de Nuevo León que ganó un independiente justamente por el presunto abuso que ahí habría ocurrido en los últimos años; sin dejar de mencionar el célebre caso de Coahuila, ahora remembrado por un juez español.

Por eso es muy importante recalcar, una y otra vez, que la calidad y la integridad de los gobiernos no está vinculada con coaliciones pro-PRI o anti-PRI. Lo único que garantiza mejores gobiernos en el ámbito estatal es mayor responsabilidad y capacidad para mejorar la calidad del gasto público, mayor integridad en las contrataciones y asignación de obra pública, mejores sistemas de planeación, mejor coordinación con la Federación, entre otros. Y en los últimos años gobernantes de todos los partidos han mostrado una enorme irresponsabilidad y desdén para hacer bien las cosas y han abusado del erario público.

La única razón certera detrás del ánimo de las coaliciones es impedir que el PRI gane mucho para que no llegue tan fuerte a la elección de 2018. Y para eso las coaliciones sí pueden ser eficaces. Sin embargo eso no garantiza que la suma de los votos de las partes sea un activo fungible, eso es, que los partidos coaligados puedan usar y conservar esos votos para el futuro. Con frecuencia, esos votos se evaporan en poco tiempo y, en algunos casos, los partidos coaligados ni tienen presencia en el gobierno ganador ni construyen una base electoral.

Es simplista, ingenuo y engañador mantener el discurso de “sacar al PRI de Los Pinos” como la llave para el progreso democrático. Ese argumento ya lo usó Vicente Fox en 2000 y los cambios fueron marginales. Se usaron en 2010 en varias entidades que hoy renovarán poderes locales y los cambios han sido escasos o incluso regresivos.

También es falaz condenar las coaliciones del PRD y el PAN por ser agua y aceite.

Lo que debiera legitimar las alianzas es el desempeño de los gobiernos emanados de ellas (hasta ahora mediocre) y la calidad, consistencia y congruencia de los candidatos que presentan (también incierta y dudosa). Esas dos variables deben ser el sostén de la justificación política de ir de la mano en una contienda. Lo demás se lo lleva el viento.

Twitter: @LCUgalde

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