Opinión

Clientelismo presupuestal


 
La Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto de 2014 diversos fondos para que los propios legisladores, de forma libre e individual, definieran su monto y destino. En el ramo 23 se constituyeron los fondos de Pavimentación (5 mil millones), Cultura (2 mil 728), Infraestructura Deportiva (3 mil 211), Fronteras (5 mil), Sur-Sureste (500) y Capitalidad (3 mil). Son casi 20 mil millones de pesos, etiquetados por entidad o municipio, pero casi ninguno sin proyecto o registro en la cartera de inversión de la Secretaria de Hacienda.
 
En pocas palabras, es dinero para proyectos que todavía no existen, dinero para decir que se cumple con promesas de campaña pero mucho del cual no se ejercerá por falta de permisos o de capacidad de ejecución. Pero es dinero con un enorme efecto pernicioso y corruptor.
 
 
No hay información de cómo se definieron esos montos. Por ejemplo, hace varias semanas la Secretaría de Hacienda anunció que el Fondo de Capitalidad tendría 7 mil millones –un fondo; según sus creadores, para compensar al Distrito Federal por los costos en que incurre como sede de los poderes federales. Pero el Congreso sólo autorizó 3 mil. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué acaso Hacienda no contaba con un estudio claro y profundo de que se requerían 7 mil millones? ¿Y cómo saber en qué se destinarán los 3 mil millones aprobados, si el Decreto no establece ni programas ni metas ni nada?
 
 
Según declaraciones de algunos legisladores, los partidos pactaron que cada diputado podría definir el uso de 10 millones de pesos para proyectos u obras en el municipio o entidad que deseara. Otras fuentes dicen que la bolsa por legislador pudo haber sido en algunos casos mayor a 20 millones. Sumando el dinero de cada diputado, se habrían construido los fondos que están ya etiquetados a nivel de municipio o incluso de colonia o calle (en el caso de la pavimentación).
 
 
La asignación de dinero a cada diputado facilitó que el presupuesto se haya aprobado casi por unanimidad: 466 votos a favor y solo 18 en contra. Las consecuencias: fortalecer aún más el clientelismo presupuestal, confundir las funciones legislativa y ejecutiva y estimular la corrupción.
 
 
Desde 1997, cuando el presidente de la República pierde la mayoría en el Congreso, el gobierno en turno (primero PRI, luego PAN y otra vez PRI) ha requerido dar bolsas de dinero etiquetado a diversos grupos para garantizar los votos para aprobar el presupuesto (CNC, gobernadores, sindicatos). Desde hace muchos años una porción de esos fondos van a proyectos de corte clientelar que benefician más a sus promotores que a la población –carreteras, proyectos para el campo, arte y cultura y hasta universidades públicas. Aunque por su nombre todos esos rubros parecen loables, con frecuencia es dinero que acaba en las manos de intermediarios, líderes sindicales o campañas políticas.
 
 
A partir del año pasado, se añadió una nueva modalidad: asignar una bolsa millonaria a cada diputado para que decida qué hacer, en qué gastar e incluso en qué localidad hacerlo. Está práctica trastoca la función legislativa y convierte a los legisladores en gestores de recursos. Un Congreso hace leyes y aprueba presupuestos para que el gobierno defina programas y los ejecute. Luego debe supervisar que los dineros públicos se hayan gastado con eficacia e integridad. Pero dar a los diputados la función ejecutiva de definir proyectos y gestionar los recursos genera incentivos perversos: se convierten en buscadores de rentas y beneficios individuales y abdican de su función de vigilar el ejercicio del gasto público.
 
 
Apenas en los años ochenta y noventa la oposición de entonces (PAN y PRD) fueron campeones de la denuncia y ello ayudó a contener el desorden administrativo y convirtió al Congreso en una caja de resonancia de la corrupción potencial del gobierno. Pero esa fuerza de contención se está envenenando y hoy muchos legisladores llegan a la Cámara con la meta de lucrar al amparo de su voto e influencia. Como lo ha sugerido un reportaje del periódico Reforma, hoy muchos legisladores canalizan dinero a municipios o entidades a cambio de una comisión o “diezmo”.
 
 
Asignar 10 o 20 millones de pesos a cada legislador estimula la corrupción y mengua la verdadera función del Congreso de garantizar presupuestos eficaces y de beneficio general. No es un problema de dinero sino de incentivos. Los 20 mil millones de los fondos clientelares representan una porción insignificante del presupuesto de 4.6 billones de pesos; pero ese monto es un estímulo destructivo para la labor legislativa. De legisladores muchos diputados se están convirtiendo en gestores de recursos. En lugar de combatir la corrupción gubernamental, el Congreso puede convertirse en cómplice de ella.
 
 
Twitter: @LCUgalde