La seguridad jurídica es clave para la inversión en bienes raíces, que por más de dos décadas ha generado el mayor desarrollo de proyectos inmobiliarios e infraestructura en la historia reciente.
Lo anterior pese al menor dinamismo en el último rubro por falta de inversión pública.
En tiempos políticos, la seguridad en la inversión ha atravesado por distintos momentos de tensión. Lo son las declaraciones que han surgido en torno a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con un debate histórico por la definición de la sede correcta.
Su sola existencia es una evidencia de la incertidumbre que se crea por estrategias de campaña, aunado a otros factores que impactan esta industria como la paridad cambiaria, el aumento de precios en los materiales de construcción y la ralentización de las ventas.
Por eso, es relevante la historia con hechos que debieran servir para crear políticas de gobierno e iniciativas que permitan de una manera ordenada el aterrizaje de nuevas inversiones.
Para entidades como la CDMX el nuevo reglamento de construcción es factor decisivo para la certeza de la inversión y la seguridad de la población, en particular con hechos lamentables como los sismos de septiembre del año pasado.
A partir de entonces, la inclusión de la participación ciudadana en la autorización de nuevas construcciones empezó a hacer eco. Con todo, distintas zonas de la ciudad han visto desarrollos con mecanismos poco transparentes de licencias.
Pese a todo, es un hecho que el negocio inmobiliario es susceptible de nuevas variables que generen certeza y garanticen su evolución.
Basta recordar lo que ocurrió, fuera de tiempos políticos, a finales de diciembre de 2016 cuando surgió la posibilidad de gravámenes a la plusvalía, es decir, el aumento de valor que un propietario de un inmueble tiene a lo largo del tiempo, pasó de un debate y conflicto legislativo, a un aparente carpetazo.
En ese momento, el aumento de valor de las propiedades generó un debate y distintas posturas por intereses políticos en la Asamblea Legislativa, que provocaron en su momento una crisis de Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
Lo fue porque aún cuando Mancera explicó desde ese momento la corrección efectuada al artículo 21 de la nueva Ley de Vivienda, que originalmente en el área de ordenamiento territorial inciso C que considera dicho gravamen, la opinión pública no lo percibió en su momento.
Esta iniciativa que entonces vulneró la confianza de desarrolladores inmobiliarios pretendía que dicho impuesto favoreciera una reasignación de recursos al mejoramiento y dotación de servicios urbanos en las zonas de donde los propietarios se ven beneficiados por la nueva infraestructura. Finalmente se excluyó el concepto de la ley.
Al final, el centro de la discusión deberían ser los límites de actuación de empresas y gobierno para el desarrollo inmobiliario y la dotación de servicios urbanos como agua, luz, vialidades, drenaje y transporte público.
Recordar estas historias son un motivo de reflexión para los tiempos por venir, una conciliación que permitirá un sector robustecido en un nuevo ciclo y pese a la inestabilidad.