S19, a tres meses
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S19, a tres meses

20/12/2017
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sismo
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Son ya tres meses del sismo del 19 de septiembre. Fecha que irrumpió de lleno un replanteamiento del desarrollo del mercado inmobiliario de la Ciudad de México y otros puntos afectados del país.

A lo largo de las últimas semanas hemos compartido distintas perspectivas bajo las cuales está claro que el desarrollo urbano, en particular el de la ciudad, debe replantearse desde otra perspectiva.

En ese concierto debieran figurar: una nueva cultura de prevención, normas de construcción adaptadas a la tecnología de materiales; un sistema eficiente, transparente y robusto de usos de suelo, permisos de construcción con directores de obra y autoridades que vigilen cabalmente el cumplimiento antes, durante y al final de la edificación.

Esos son apenas algunos de los puntos que debieran transformar la manera en que se construye la ciudad y los lineamientos bajo los cuales las empresas inmobiliarias pueden desarrollar en favor de los consumidores, los habitantes y desde luego sus finanzas, pero con otro tipo de responsabilidad.

Las voces de la iniciativa privada y las ajetreadas agendas de autoridades hacen difícil vislumbrar la posibilidad de un cambio real a partir de la tragedia, si bien focalizado, poco certero respecto al daño que causo en la percepción de compradores y la sociedad misma.

Estos días, la actividad de las autoridades se enfoca en procesos de evaluación y dictámenes que lucen lentos en el corto plazo, pero son tan fundamentales para determinar el estado real en que quedaron las zonas afectadas, al igual que el aprendizaje de los métodos constructivos.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que son aproximadamente 800 inmuebles con riesgo para la seguridad, de los cuales 329 tenían una valoración previa del Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

Es relevante mencionar que a pesar de que 102 inmuebles tienen visto bueno de demolición, sólo 35 cuentan con expedientes completos, según información de la misma instancia.

Todo lo anterior habla de la incapacidad de las instancias involucradas para llevar a cabo un fundamental proceso de evaluación, bases de datos y acervos documentales para determinar los pasos a seguir.
Esta etapa es clave porque aclara la situación, genera pruebas para dar seguimiento a actos de corrupción y sienta las bases del aprendizaje que permitirá generar nuevas políticas y normas de cara a nuevos requerimientos para mantener su crecimiento.

A 11 días de que termine el 2017 todo parece indicar que la generación de nuevas políticas de planeación urbana quedará para otro momento.
Está claro que no basta la buena voluntad, se requieren opiniones consensuadas, negociación política con quienes hacen leyes,
transparencia y fortalecimiento de las autoridades, así como una mayor participación ordenada de la ciudadanía. Se trata sin demagogia de dejar atrás los intereses de grupos y poner por delante el bien común, alejado de instancias populistas y cercano a un nuevo modelo urbano de ciudad.

Es un sueño que muchos han pedido por décadas y que proponemos para estos días de reflexión y nuevas intenciones. ¡Feliz navidad!

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.