Opinión

Claroscuros de la CNDH

   
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Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Torturas, desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones arbitrarias, son prácticas y conductas que siguen existiendo en materia de violaciones a los derechos humanos”. La declaración pareciera provenir de un reclamo de los legisladores durante la sesión de la Comisión Permanente, donde el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rindió su informe de actividades correspondiente al ejercicio administrativo 2016, pero no es así, ésta corresponde a una alerta que hizo el propio funcionario, a 26 años de haberse creado el organismo que crea la figura del llamado ombudsman nacional.

Ese hecho, señaló el titular de la CNDH, “cuestiona que los derechos humanos, efectivamente, se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad, y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones”, y agrega que durante el reporte del periodo informado deja ver la crisis que nuestro país vive en este rubro.

Lo que no dijo el ombudsman es que el organismo que preside tampoco acaba de entender hasta dónde llegan sus funciones, ya que en más de una ocasión las resoluciones que ha emitido dejan mucho que desear y a leguas se observa que son hechas desde el escritorio, con una base retórica que nada tiene que ver con la realidad; ahí están las recomendaciones que dejan ver sus fobias a las Fuerzas Armadas, y todas aquellas donde convierte las acciones de los delincuentes en hechos que rayan en el heroísmo.

El ombudsman habla de presuntas violaciones a derechos humanos y que, en gran parte, éstas hacen referencia a reclamos con la falta de atención en la prestación indebida del servicio público; omitir proporcionar atención médica; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones; detención arbitraria, cruel, inhumana o degradante; negligencia médica; acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de migrantes y de sus familias, y prestar indebidamente el servicio de educación, pero en ningún caso se le oyó enumerar las fallas u omisiones en las que han incurrido los representantes de la CNDH.

La diputada de Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa Ávalos, expuso que la CNDH es uno de los baluartes institucionales del país, pero que de ellos se esperaba más y hasta le recriminó el bono recibido en fin de año, por la cantidad de 500 mil pesos, en medio de una situación crítica que vive nuestro país en materia económica, y cuando la población en general solicitaba a toda la administración pública un ejercicio de austeridad.

En su exposición, el defensor de los derechos humanos relató acciones realizadas por ese organismo, recomendaciones emitidas y observaciones hechas a organismos públicos, sin embargo, al final la conclusión sigue siendo la misma desde la creación del organismo autónomo: entender los derechos humanos, respetarlos y defenderlos. En otras palabras, es un pendiente en la función pública.

Al referirse a señalamientos en favor de la austeridad y el control del gasto público que se han formulado como consecuencia de la situación económica que atraviesa nuestro país, González Pérez se pronunció porque el Legislativo federal formule con responsabilidad, objetividad e integralidad, una ley que de manera general y obligatoria, para todo ente que ejerza recursos públicos, imponga los parámetros, alcances y medidas concretas de austeridad en el gasto, así como el destino que se dé a los recursos que se afecten, y en ese contexto el ombudsman anunció que en la CNDH se trabaja para la concreción de una reducción y control del gasto que implicarán ahorros efectivos por más de 50 millones de pesos durante 2017.

“Una manera de mostrar voluntad política es renunciar a un bono que usted obtuvo el año pasado por 500 mil pesos”, le espetó la legisladora del MC, Candelaria Ochoa, cuestionamiento que, aunque hubo un intento de explicar los incentivos recibidos, de su devolución no dijo nada. Así los claroscuros de la CNDH.

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