Opinión

Ciudad ingobernable

22 septiembre 2016 5:0
 
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 [A las 16:00 horas se tiene prevista una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. / Cuartoscuro]  

Gobernar una ciudad como México no es cosa sencilla y más aún a partir de la ausencia total de planeación alguna a lo largo del siglo pasado y lo que va de éste.

A pesar de ello, la ciudad funciona relativamente bien aunque reduciendo cada vez más en forma significativa la calidad de vida de sus habitantes. Los problemas de seguridad, transporte, tráfico, vías de comunicación y servicios públicos tienden a agravarse en la medida en que se carece de modelos institucionales sólidos capaces de hacer frente a viejos y nuevos problemas derivados de una urbe que por un lado se deshabita y por otro concentra enorme poder y cuellos de botella imposibles de deshacer en forma inmediata.

La idea de la Ciudad de México con entidad autónoma, presupuesto propio y al mismo tiempo sede de los poderes federales, representa un mar de contradicciones que la obligan a ser al mismo tiempo una especie de estado de la República sin los beneficios de ello, y también una entidad con la fuerza política como para demandar privilegios mayores que los que poseen los estados de la Federación. La Constitución que hoy se plantea para la ciudad obliga a clarificar de la mejor manera todas estas cuestiones que se sobreponen unas a otras y generan conflictos reales a la hora de tomar decisiones.

Y es precisamente en la estructura interna del gobierno de la ciudad donde se corre el riesgo de generar problemas de gobernabilidad aún peores de los que hoy tenemos. Una estructura de delegaciones convertidas en cabildos que transformarían a estas instancias en verdaderos municipios encabezados por presidentes autónomos dueños de enormes presupuestos y funciones difícilmente auditables y controlables por el gobierno central. Sí, estamos a punto de reproducir el terrible error de la transición democrática mexicana a nivel nacional. Hay que recordar que la disminución del poder del presidencialismo absoluto mexicano derivó en el fortalecimiento de los caciques estatales denominados gobernadores y de sus empleados en el Congreso de la Unión.

En lugar de un nuevo pacto federal construimos un perverso sistema que permitió saquear las arcas de la nación desde las tesorerías de los estados. Y es este el riesgo que se corre con la instrumentación de un modelo de “democratización y participación ciudadana” en el marco de la nueva relación entre las delegaciones y el gobierno central. Hoy, el traslape de funciones entre los jefes delegacionales y el jefe de gobierno es suficiente como para volver más lento el trabajo cotidiano en beneficio de la ciudadanía. Y si a esto le añadimos la politiquería de tener que negociar con grupúsculos de poder incrustados en los cabildos delegacionales, entonces el objetivo de una ciudad con mayor representatividad, pero también con mayor efectividad en la resolución de problemas se habrá frustrado de nuevo.

Es esto lo que los diputados constituyentes están obligados a cuidar a la hora de delinear los principios bajo los cuales se gobernará esta ciudad durante los próximos años. Un ejecutivo fuerte, con delegaciones bien delimitadas en sus funciones y supervisadas por órganos capaces de auditar efectivamente el ejercicio del gasto, es fundamental para evitar que la dispersión del poder pervierta la sana relación entre democracia y solución de problemas que demanda la ciudadanía. Eso es lo que se quiere de un nuevo esquema político para una ciudad que hoy está atorada entre la lucha clientelar, el abuso de poder y las prácticas de corrupción tradicionales que afectan al país en su conjunto.

Del tipo de Constitución que surja, podremos esperar una nueva forma de gobernar esta ciudad que hoy no posee los instrumentos para responder con efectividad y prontitud las demandas de sus habitantes.

Twitter:@ezshabot

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