La situación política de una nación se ve determinada por el desempeño y acciones de su gobierno pero, también, por la calidad y actuación de la oposición. El espacio fundamental para que la oposición contenga y enmiende al gobierno es el parlamento.
En el deterioro que registra México, la responsabilidad del gobierno es directa e intransferible. Pero sería incorrecto omitir del diagnóstico acerca de este sexenio el papel que jugó la oposición en el Congreso cuando respaldó reformas a la Constitución, impulsadas por el presidente, que han significado serios retrocesos en la vida del país.
Es preciso recordar que este gobierno nunca tuvo los votos requeridos para cambiar por sí solo la Constitución. En 2018 la coalición electoral de López Obrador se hizo con 308 asientos en la Cámara de Diputados (el 61.6 por ciento del total). Ni siquiera la pronta adhesión de los 16 diputados de Partido Verde —esa agencia de postulación de candidaturas y captura de prerrogativas cuya guía política ha sido un consistente oportunismo y la ausencia de principios—, le permitió superar las dos terceras partes de los diputados (331) para aprobar reformas constitucionales.
En el Senado la coalición del gobierno obtuvo 69 legisladores (54 por ciento), por lo que, aun con el transfuguismo, todos estos años estuvo lejos de la cifra de 86 escaños requeridos para modificar la Constitución.
En 2021 la mayoría gubernamental en la Cámara de Diputados se volvió más exigua: 278 de 500 (el 55.6 por ciento).
Sin embargo, en lo que va del sexenio se han reformado 62 artículos constitucionales. Siempre con el apoyo opositor que otorgó sus votos, con frecuencia de forma acrítica, en temas diversos. Así fue como se reformó el artículo tercero de la Constitución para echar atrás la reforma educativa y, entre otras cosas, desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ese instituto tenía el mandato de “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. Dicha institución, tan necesaria para haber podido conocer qué ocurrió con la educación durante la pandemia, fue demolida; la oposición no quiso evitarlo.
Otra reforma que contó con el aval de la oposición fue la creación de la Guardia Nacional que permitió a López Obrador profundizar la militarización de la seguridad pública y acabar con otra institución: la Policía Federal.
Entre las reformas que contaron con el respaldo de parte significativa de la oposición debe sumarse la que introdujo a la Constitución la revocación de mandato, ese instrumento que puede inducir delicadas crisis de gobernabilidad e inestabilidad política.
También se otorgó apoyo a la reforma del Poder Judicial que elaboró de forma unilateral el anterior presidente de la Suprema Corte y que López Obrador hizo suya ignorando la división de poderes. La oposición no acertó, siquiera, a condicionar su respaldo a que se estableciera que bastaría con la mayoría simple de la Corte para declarar inconstitucional una norma. No se hizo así y ahora se corre el riesgo de que el gobierno pueda contar con cuatro ministros alineados con él para convalidar leyes contrarias a la Constitución.
La oposición, más que pragmática, resultó vacía en términos programáticos.
En el colmo, una vez que se cedieron los cambios a la Constitución, las bancadas del gobierno aprobaron una y otra vez leyes contrarias a la Carta Magna. Ahí está el ejemplo del intento de extender la presidencia de Zaldívar en la Corte o la amañada pregunta de la revocación de mandato. También, la designación de mandos militares en la Guardia Nacional. La oposición cedía, el gobierno abusaba y la oposición volvía a ceder.
En cambio, cuando por fin la oposición decidió actuar como tal y ser un dique ante los desvaríos del poder, detuvo reformas constitucionales que anticipaban ominosas consecuencias sobre la economía, la política y los derechos humanos. Fue el caso de la reforma energética y del intento de desmantelar el sistema electoral.
México tiene un mal gobierno, al que se le sumó durante buena parte del sexenio una lánguida oposición que no atinó, en el Congreso, a hacer valer el apoyo popular que recibió en las urnas para enfrentar y contrarrestar desde un principio la demolición institucional. Así nos fue.
En democracia es preciso vigilar y exigir a los gobiernos, pero también a las oposiciones.