Opinión

Chuayffet y la CNTE

 
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CNTE plantón DF. (Cuartoscuro)

En cumplimiento a la instrucción presidencial de brindar informes y reportes detallados del avance de las reformas, esta semana correspondió al secretario de la SEP, Emilio Chuayffet, ofrecernos un panorama acerca de la reforma educativa.

Según el secretario, la reforma está en marcha en todo el país, con excepción de tres estados de la República: Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde organizaciones radicales de supuestos docentes y pseudomaestros se han negado sistemáticamente a implementar las medidas que señala la reforma.

Según el secretario, la CNTE y su violenta Sección 22 en Oaxaca ejercen el control absoluto de la enseñanza en el estado, ofreciendo entre 60 y 80 sesiones reales de clase, cuando el calendario escolar señala 200 al año.

En Guerrero, la CETEG se ha convertido en un movimiento radical que mezcla temas educativos con políticos y de seguridad: ha amenazado con boicotear las elecciones de junio. Lo mismo bloquean la autopista, que paralizan ciudades, municipios y el puerto de Acapulco.

En Michoacán el tema es diferente, porque hay una corriente extendida de rechazo a la reforma, pero no han enarbolado banderas sociales o suspendido labores educativas. Son, de los tres movimientos, el menos radical y extremo, aunque firme en contra de la reforma.

La contradicción entre el discurso oficial de “recuperar la rectoría del Estado” en materia educativa, reincorporar las nóminas, sueldos y manejos presupuestales a la Federación para evitar con ello los manejos discrecionales de los gobernadores –presentes y pasados– radica en que ahora el que negocia, otorga fondos, extiende concesiones es el propio gobierno federal.

Quitarle a los estados esas facultades parece obedecer a la lógica de que no tenía sentido que los titulares locales ofrecieran paquetes y prestaciones, bonos, días libres y demás excesos, cuando de todas formas venían a la capital a exigir y “extorsionar” al gobierno federal. La lógica es impecable, pero el problema no se ha resuelto y sí se ha agudizado. La CETEG y la CNTE, primas hermanas pero no siamesas, imponen su agenda y sus condiciones en Bucareli, en las calles del Distrito Federal, en las carreteras y autopistas del país y por supuesto, en las plazas de Morelia, Acapulco, Chilpancingo, Iguala o Oaxaca. No existe instrumento alguno mediante el cual Gobernación “someta” a estos grupos a entrar a un proceso de evaluación y de profesionalización docente.

Hasta ahora, la reforma ha modificado las condiciones mediante las cuales los maestros son contratados por su patrón: el Estado mexicano. Establece con claridad instrumentos valiosos y de avanzada mediante los cuales el nuevo INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) clasifica, evalúa y perfila a los docentes. Nada de esto se ha logrado en esas entidades, gobernadas por grupos de choque en el magisterio, que se niegan a que la reforma avance.

Es apenas el primer capítulo como ha señalado el secretario Chuayffet. Falta mucho en términos de contenidos, programas, planeas, diversidad, capacitación y mucho más. ¿Cómo avanzar si tienes a unos dinamiteros que frenan y detonan cualquier proceso?

Lo grave, y Chuayffet no lo puede decir porque es miembro del gabinete, es que con una mano les señalan el camino y con otra les dan y los consienten para que no lo sigan. La SEP dice adelante con la reforma, avancemos en estos temas, mientras que Gobernación se pliega a sus demandas, extorsiones y chantajes.

Recuperar la rectoría del Estado en educación debiera asemejarse a la vieja figura de la requisa que la Ley Federal del Trabajo contemplaba para empresas públicas: cuando el servicio público se interrumpe, es ineficaz o deja de cumplir sus objetivos frente a la población supuestamente beneficiada, los “prestadores” debieran ser retirados para garantizar el servicio a la población. ¿De dónde sacamos medio millón de maestros para despedir a estos hampones de Oaxaca, Guerrero y Michoacán? ¿Hay voluntarios?

Twitter: @LKourchenko

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