Opinión

¿Centralizar la educación?

El fracaso de la llamada federalización de la educación básica iniciada en 1992, que no fue un proceso de descentralización, sólo una desconcentración de la administración de los servicios educativos, es evidente. El proceso ha sido desastroso, se transfirieron problemas y vicios, los cuales han crecido al extremo, siendo compleja la solución del problema, además de costoso para el país e incluso para las haciendas públicas de las entidades federativas y del propio gobierno federal, más después del cambio de fórmula de distribución del FAEB a partir de 2008, que profundizó los problemas de la mayoría y por el incumplimiento de compromisos de asignación de recursos.

Es claro que las diferentes secciones sindicales controlan las dependencias responsables en los estados a través de abusos, corrupción, control de administraciones públicas opacas e ineficientes, con un gran costo para generaciones de niños que difícilmente podrán recuperarse. La disidencia oaxaqueña es el caso extremo, ya que los mandos medios son puestos por ella, o el caso de Sonora con la legislación hoy controvertida.

El asunto de los comisionados pagados con recursos públicos –federales o estatales–, además del obstáculo para el censo educativo o la armonización de su legislación, han llegado a extremos inaceptables. Por ello la sociedad exige cambios, frenar los abusos para tener una educación pública de calidad, no lo que tenemos hoy. Se están dando los primeros pasos.

En este contexto, más los resultados conocidos del Censo Educativo realizado por el Inegi, la Controversia presentada por el Ejecutivo contra Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sonora, ya recibida en la Corte, ha hecho reflexionar a algunos sobre la posibilidad de abandonar el discurso federalista y de plano reconocer las supuestas virtudes del estado unitario, -digo yo- como España, cuyo fracasado modelo unitario no es un ejemplo a seguir, incluso una de las salidas políticas en ese país es la del estado federal.

La educación no se descentralizó, por lo que la desconcentración fue producto de una decisión política apresurada, con la opinión contraria incluso de funcionarios de la SEP de aquel entonces y la renuencia de algunas entidades, pero los gobernadores fueron convencidos fácilmente y aceptaron la firma del acuerdo.

El tema es que no es sólo un asunto de los gobiernos subnacionales, hay mucha responsabilidad federal desde lo que transfirió, así como los incumplimientos de acuerdos. En el DF, administrado por la SEP, también se han pagado comisionados con recursos públicos, como se demuestra en los Informes de Resultados de la ASF, así como el pago a administrativos o a funcionarios con plazas o prestaciones docentes. Lo que se pasó en franca descomposición se terminó pudriendo.

Otro fenómeno importante es el hecho de que los maestros reciben como aguinaldo y vacaciones hasta 135 días, cuando la SEP sólo les reconoce 50, pero no siempre cumplen con sus jornadas de trabajo, derivado de la llamada doble negociación, esto es, el centro negociaba los salarios, los gobernadores las prestaciones, pero sin coordinación alguna, pagándose el resto con anticipos de calendario o apoyos extraordinarios, que aunque han sido recurrentes son resultado de negociaciones adicionales. Había tres opciones: reconcentrar la nómina, depurarla y regresarla a las entidades federativas; calcular el costo de las nóminas -también después de un proceso de conciliación de plantillas- y mandarles los recursos adicionales, pero sin control; y /o dar marcha atrás a la llamada federalización y volver al esquema federal. Para cualquier escenario es un proceso necesario la conciliación de las plantillas y claro, no se puede hablar de centralizar lo que nunca se descentralizó.