Opinión

Censo histórico (el educativo) y lo que sigue (¿?)

Hay que celebrar que las autoridades mexicanas hayan decidido levantar un censo para tener claro cuántas escuelas, alumnos y maestros tiene México. Cuesta entender que fuese necesario hacerlo, pero es de celebrar que se haya hecho. Cuesta entenderlo, pues los gobiernos de los países serios cuentan con esa información elemental desde hace mucho y disponen de ella, además, como subproducto del desahogo de sus responsabilidades regulares en materia (entre otras) educativa y hacendaria (por ejemplo: matricular niños y jóvenes en las escuelas; planear y sufragar el costo de construir y mantener escuelas; pagarles a los maestros y demás personal que trabaja en el sistema educativo público).

En fin, no lo conocíamos -ni las autoridades responsables, ni los ciudadanos comunes y corrientes-, pero ahora sí ya lo sabemos: Casi 300 mil personas -13 por ciento del total listado en nómina como personal del sistema educativo público- que a) trabajan en un centro escolar distinto a aquel en el que se les tenía inscritas (38 por ciento); b) gozan de comisión o licencia (10 por ciento); c) renunciaron, están jubilados, pensionados o muertos (39 por ciento); o d) no los conocen (13 por ciento). Poquito menos de la mitad del personal total a nivel nacional, además, está en labores distintas a enseñar. ¿Sorprendente? No tanto. ¿Escandaloso? Sin duda.

También son indignantes las cifras sobre las condiciones materiales de los planteles, en particular aquellos ubicados en los estados con mayores rezagos, donde la escuela tendría que ser el tren de salida de la marginación y la pobreza.

Además de estos datos ya bastantes difundidos, el censo aporta información muy valiosa para empezar a distinguir y dimensionar problemas que, hasta ahora, han tendido a agruparse como una y la misma cosa: “corrupción” y abusos del SNTE. Destaca al respecto la cifra sobre personal que se negó a dar información como porcentaje del total que en efecto labora en el centro escolar en el que se le tenía inscrito: 1.8 a nivel nacional, pero 3.7 en Baja California Sur, 6.3 en Michoacán y 61.5 en Oaxaca. Especialmente si se le compara, por ejemplo, con los porcentajes del total del personal con comisión o licencia: 1.4 para el país en su conjunto, 2.8 para Baja California, 4.6 para Campeche y 5.3 para Yucatán. Dicho de otra manera, si todo el desastre es producto/expresión de lo mismo, ¿cómo explicar que Oaxaca tenga 61.5 por ciento de personal que se niega explícitamente a responder las preguntas del censo y, sin embargo, tenga “solamente” 0.7 por ciento de personal en comisión o licencia –la mitad del promedio nacional? ¿Será que una cosa es la resistencia a la política federal y al SNTE, y otra son los contubernios y corruptelas entre las autoridades –federales y locales- y el SNTE, empleadas desde hace mucho para “pagar” la subordinación magisterial y la “paz social”?

¿Qué sigue? Dependerá, en mucho, de cuánto le exijamos los ciudadanos a las autoridades, pues, me temo que, en ausencia de presión social intensa, el gobierno terminará haciendo lo que le dicta el DNA de su partido. A saber: usar la información del censo –mucha que aún no es pública- para presionar selectiva y discrecionalmente a los liderazgos magisteriales a fin de seguir amarrando la subordinación política del SNTE (misma que, hasta nuevo aviso, pareciera ser el objetivo central de la denominada “reforma educativa”).

El nivel de exigencia social dependerá, en mucho, de qué tanto los ciudadanos -desde la academia, los medios y la sociedad civil organizada- explotemos los datos del censo y los usemos para demandarle al gobierno un cambio educativo digno de tal nombre. Un cambio que no se agote en regresar al magisterio al huacal del (PRI) gobierno y que se ocupe de devolverle dignidad y valor a la escuela.