Opinión

Causas de la parálisis legislativa

Durante quince años, cuando menos desde 1997 y hasta 2012, el país vivió la frustrante experiencia de lo que se llama la “parálisis legislativa”. Se suele presentar ésta en los denominados “gobiernos divididos”. Reciben tal nombre los regímenes en los cuales el partido que detenta la rama ejecutiva del gobierno, carece en el órgano u órganos legislativos de la necesaria mayoría para sacar adelante su programa legislativo.

En esos casos, si el partido gobernante no obtiene de la oposición parlamentaria la colaboración que requiere para la aprobación de su agenda, frecuentemente las reformas al marco jurídico, por más indispensables o urgentes que sean, suelen no culminar su proceso y se quedan en meros proyectos. Entonces en el ámbito legislativo las iniciativas de mayor alcance o relevancia no se mueven, no se procesan, no salen. De ahí la expresión de “parálisis legislativa”.

¿Por qué se llega a una situación así? Por diversas causas. Aunque básicamente son dos. Una, es la que tiene que ver con las diferentes posiciones, doctrinales o incluso programáticas, entre el partido gobernante y la oposición o la parte de ésta con el número de asientos suficientes para hacer viable la aprobación de los proyectos.

En tales casos se debe “tejer fino” para que la oposición se interese por el proyecto legislativo en cuestión, mediante la incorporación de los matices que a ésta le resulten atractivos, si ello es posible y sin que el proyecto pierda su esencia o devenga en ineficaz.

La otra causa, en la situación extrema, se encuentra en la mezquindad política. No te apruebo lo que propones simplemente para que no te lleves el crédito político correspondiente o te cuelgues la medalla que tal aprobación implica. Y menos aún si se avizora que la o las reformas empiecen a tener efectos positivos tangibles para la población antes de las próximas elecciones.

En esos casos se considera que el votante atribuirá el beneficio que ya percibe, al autor de la propuesta, o más todavía: al partido que la puso en ejecución por tener a su cargo la rama administrativa del gobierno, y de ninguna manera –quizá ni se le ocurre siquiera pensar tal cosa al elector- que el mérito corresponde a la oposición –o a la parte de ésta- que con su aprobación hizo posible la reforma.

El partido que durante casi siete décadas tuvo no sólo el control total de las Cámaras del Congreso sino hegemonía absoluta sobre la vida política toda del país, perdió primero la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo cual sucedió en 1988, que le vino a significar un cierto grado de dificultad en la aprobación de las modificaciones a la Constitución; y después, en 1997, perdió también la mayoría simple en esa misma Cámara. Luego en 2000 perdió por primera vez una elección presidencial.

De nuevo en el gobierno, ahora ese partido demanda la aprobación de las reformas que como oposición rechazó. Pero la nueva oposición no ha adoptado, en general, esa postura de cerrazón. Como bien lo prueba la catarata de grandes modificaciones a la Constitución en materias sustantivas realizadas en meses pasados. Y qué bueno.

Lo que ahora se advierte, grave y peligroso, es que las llamadas reformas a la legislación secundaria, para cuya aprobación el priismo sí tiene –o puede tener- mayoría con sus aliados, el hoy partido gobernante desvirtúe el sentido o el alcance de las reformas constitucionales previas. No solamente será una gran deslealtad sino que sentará un precedente funesto, si se toma en cuenta que las mayorías parlamentarias ya no son para siempre. Mucho cuidado.