Opinión

Caso Coahuila

Hace unas semanas le pregunté a un político priista (exlegislador, exgobernador y líder partidista) acerca de la vieja tendencia entre las filas de sus correligionarios, de “cuerpear” a aquellos señalados o acusados de actos indebidos.

En términos jurídicos esta práctica recibiría el nombre de encubrimiento, pero en esencia consiste en desviar la atención, emitir declaraciones de apoyo o entorpecer investigaciones que pudiesen esclarecer los hechos en cuestión. Me aseguró que eso había quedado en el pasado.

Esta semana, después de una larga serie de interrogatorios, cuestionarios, investigaciones financieras y bancarias, el extesorero del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila se declaró culpable ante la Corte del Distrito Oeste en San Antonio Texas.

Se trata del señor Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fungió como tesorero del gobierno del estado entre 2005 y 2011. Fue de facto el administrador de Coahuila durante seis años, periodo en el que las autoridades norteamericanas han detectado una serie de ilícitos.

Héctor Villarreal se declaró culpable de: lavado de dinero, conspiración para transportar dinero robado y sustracción de recursos públicos.

Cabe aclarar que esos son los delitos que se persiguen de aquél lado de la frontera, pero de este, en su calidad de funcionario público, el autoinculpado podría ser acusado de fraude, desvío de recursos, peculado, lavado de dinero y vaya usted a saber cuántos más. Pero para sorpresa de todos, no existe expediente ante la Procuraduría General de la República de dicho personaje.

Claro, lo natural es afirmar que es competencia de la Procuraduría del estado –aunque varios de esos presumibles delitos son de orden federal–, pero tampoco existe un expediente abierto sobre el extesorero, más allá de una supuesta investigación en curso de cuyos resultados, nada sabemos.

Según los informes de la Corte de Distrito en San Antonio y de los reportes publicados por el San Antonio Express News, el señor Villarreal operaba empresas en el sur de Texas con dinero desviado del erario de Coahuila; falsificó documentos para la obtención de créditos, aceptó sobornos a cambio de contratos de obra, adquirió propiedades en diferentes condados de Texas y tenía cuentas en diferentes instituciones bancarias y financieras que las autoridades intentan confiscar.

En agosto de este año, como parte de su proceso y de las muy probables negociaciones que el acusado ha sostenido con autoridades estadounidenses, Héctor Villarreal acordó entregar 6.5 millones de dólares al condado de Bexar en Texas, por concepto de evasión fiscal y sustracción de arcas públicas.

Se trata de un criminal financiero de alta escuela, que trabajó como el hombre de confianza de un gobernador priista –después presidente del PRI por breve temporada– a cargo de la Tesorería del estado y después, bajo el mando del hermano, otro gobernador del PRI en el mismo estado.

Los hermanos Moreira, hoy distanciados por las calamidades de la política y el “cuerpeo” del que le hablaba, estarían obligados a dar múltiples explicaciones a los ciudadanos.

No sólo por el monto de la desorbitante deuda de 35 mil millones de pesos, sino de cómo desvió, compró propiedades, hizo depósitos, adquirió ¡un centro comercial! en Texas, ¿sin que nadie se diera cuenta en Coahuila? Resulta inverosímil.

Después de todos estos hallazgos que la Corte de Distrito en San Antonio ha dado a conocer –apenas la punta del iceberg– cómo se explica que en México no exista una orden de aprehensión, una investigación exhaustiva, una explicación mínima de que este hampón que robó a los coahuilenses, difícilmente, actuó solo.

¿Y la Comisión Nacional Anticorrupción para cuándo?

Twitter: @LKourchenko