Opinión

Caro Quintero y la Suprema Corte


 
Para decirlo rápido, el poder judicial es el responsable mantener la vigencia del Estado de derecho, haciendo que la ley se cumpla. Por lo tanto, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen responsabilidad directa en la maltrecha condición y desprestigio de nuestro Estado de derecho.
 
 
La incompetencia judicial tiene varias causas. Una conocida es la corrupción. También se debe a las presiones y extorsiones de las que pueden ser objeto los ministerios públicos y jueces en municipios y estados donde la delincuencia es uno de los poderes fácticos.
 
Además es común que cada juez y tribunal colegiado interprete la ley a su albedrío (y según las presiones de las que sea objeto), como si los preceptos jurídicos no fueran lo suficientemente claros para su aplicación.
 
En este 2013, hubo varios casos que dejaron muy mal parado al poder judicial, pero ninguno tan sonado como el del amparo otorgado a Rafael Caro Quintero por un tribunal colegiado de Jalisco y revocado luego, contradiciendo sus criterios anteriores, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
 
La Suprema Corte interpretó en marzo de 2012 que el amparo solicitado por Caro Quintero no debía resolverse a nivel federal sino local y remitió la solicitud al Primer Tribunal Colegiado con sede en Jalisco.
 
Ese tribunal decidió en agosto pasado otorgar el amparo solicitado sobre la base de que Enrique Camarena –asesinado en febrero de 1985- no tenía estatus diplomático, por lo que el inculpado de su asesinato debió ser juzgado en Jalisco y no por autoridades federales.
 
 
Al enterarse de la liberación de Caro Quintero, el gobierno de Estados Unidos hizo un severo extrañamiento y solicitó al de Enrique Peña Nieto que fuera reaprehendido con fines de extradición.
 
La PGR, por su parte, requirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revocara la resolución del tribunal de Jalisco.
 
El 6 de noviembre pasado, la Suprema Corte ya había hecho una revisión apurada del expediente, en el que consta que en 2012 derivó la solicitud de amparo de Caro Quintero al tribunal de Jalisco, con el argumento de que lo relativo al asesinato de Camarena era asunto que debía resolverse en la localidad en que ocurrió.
 
Para plegarse a las solicitudes de los gobiernos de Estados Unidos y de Peña Nieto y revocar la liberación de Caro, la Corte aplicó el criterio opuesto a su argumentación del año anterior y al del Tribunal de Jalisco, esto es, que el asesinato de Camarena sí fue de competencia federal.
 
Para hacerlo, tuvo que argumentar que Camarena, en tanto agente de la DEA, estaba en México “internacionalmente protegido”, estatus que amerita que el caso fuera juzgado por autoridades federales y no las de Jalisco.
 
 
Además de “internacionalmente protegido”, la Suprema Corte consideró a Camarena como un funcionario “intergubernamental”, aunque sólo fuera agente de la DEA, dependencia estadounidense que hasta donde entiendo, ni es binacional ni tiene jurisdicción en México.
 
 
Por eso, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, alegó que al darle a Camarena trato de funcionario intergubernamental, nuestro máximo órgano judicial le reconocía –indebidamente- jurisdicción a la DEA en México.
 
 
Aún no se sabe de la suerte de Caro Quintero, ahora prófugo (¿de la justicia?).
 
Lo que es claro es que la DEA tenía el mayor interés en que la Corte ordenara la reaprehensión de Caro Quintero para poder mantener la versión de que Camarena fue víctima del cártel de Guadalajara y no de la CIA.
 
 
Y es que todo coincidió con testimonios rendidos en Estados Unidos por ex agentes de la DEA comisionados hace más de un cuarto de siglo para investigar el asesinato de su compañero, que aseguran que Camarena fue muerto por haber descubierto la confabulación entre la CIA, el cártel de Guadalajara y la Dirección Federal de Seguridad de la secretaría de Gobernación, en operaciones para desviar recursos del narcotráfico a la contrarrevolución en Nicaragua.
 
Es lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apresurara a contradecir su criterio previo sobre el caso, en coincidencia con las exigencias de una agencia extrajera.
 
 
estadoysociedad.com