Carlos Javier Gonzalez

Prefectos a la mexicana

La propuesta de AMLO de contar con un único representante de la federación en cada estado se parece a la organización política de los países centralistas.

La propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que desaparecerá las delegaciones federales en los estados de la República y serán sustituidos por un único representante de la federación en cada entidad con fines de austeridad, ha levantado más de alguna ámpula entre los gobernadores que están acostumbrados a mandar en sus entidades sin ningún tipo de contrapesos. Salvo contadas excepciones, en la mayoría de los estados hay un solo amo y señor: el gobernador. Es sabido desde hace mucho tiempo que los nombramientos de diputados afines, magistrados y jueces con intereses políticos, integrantes de órganos constitucionales 'autónomos', presidentes municipales, entre otros, es facultad metaconstitucional de los titulares del Ejecutivo local. Esta depredadora política se acuñó en tiempos del panismo, entre 2000 y 2012, lo que no quiere decir que el priismo del siglo XX no estableciera dichos controles, pero en ese entonces venían y tenían que contar con el visto bueno de Los Pinos, donde despachaba el primer priista del país. Son innumerables las historias de abusos, arbitrariedades, corruptelas y raterías por los ejecutivos locales que muy pocas veces encontraron sanción. Hacen y deshacen a su antojo en sus estados y por ello es que la propuesta lopezobradorista ha caído como balde de agua fría a esos funcionarios, porque tendrán, de ahora en adelante, un verdadero valladar para sus pillerías y artimañas. Los argumentos que dan los afectados en contra de esta medida son totalmente sofistas. Hay quienes dicen que se atenta contra el federalismo al establecer un verdadero y muy pesado contrapeso en los estados a efecto de que los programas federales –y los presupuestos que los acompañan- se mantengan al margen del manejo político local y respondan a decisiones de Estado. Esta nueva organización hace recordar la que existe en países centralistas como Francia, en cuyo territorio conviven los políticos elegidos por voto popular en regiones y departamentos con los representantes del Estado central, en la figura de los prefectos. Si bien es cierto en Francia esta figura data de varios siglos ya, la verdad es que estos funcionarios en su mayoría se mantienen al margen de la política y se concretan a procurar el correcto cumplimiento de los fines del Estado francés sin importar la filiación política ni del presidente ni de los funcionarios locales. Han logrado convivir de manera armónica dentro de un mismo ámbito territorial de competencia porque cada uno tiene claramente delimitadas sus funciones y por la abstención de los prefectos de participar en política.

En México no tiene porque no funcionar de la misma manera, lo que será benéfico para los presupuestos federales siempre y cuando los delegados del gobierno federal resistan al canto de las sirenas que habrán de escuchar y que, si no son contenidos, podrán caer ante la tentación de hacer política en dichos estados, con la diferencia de que contarán con el gran apoyo económico del gobierno de la República. Si ceden ante la tentación y deciden utilizar ese gran poder en su propio beneficio o el de su partido, estaremos asistiendo a una crisis política sin precedentes en los estados de la República. Pero la buena noticia es que la Constitución ha establecido desde hace muchos años ya la posibilidad de llevar a cabo acciones judiciales por parte de las entidades de la República que se sientan invadidas en sus competencias mediante el control constitucional, más concretamente la controversia constitucional. En este procedimiento se puede acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la anulación de actos de la federación que invadan la competencia de los estados, para lo cual la Corte tendrá que sustanciar un análisis estrictamente jurídico–constitucional sin visos políticos, lo que habrá de garantizar la autonomía de los estados de la República.

Lo que habrá que ver es si el nuevo gobierno respetará la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preservar el equilibrio de poderes y que las decisiones de política pública en cada localidad sean tomadas dentro del ámbito competencial que cada nivel de gobierno tiene asignado por la Constitución. Si el gobierno garantiza esta autonomía, los 'prefectos a la mexicana', que se abstengan de participar en política, serán sin duda una solución a los excesos de los gobernadores corruptos e incompetentes. Ojalá todos se guíen por la Constitución y no por sus intereses y sus bolsillos.

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