El asunto sobre la suspensión decretada por el ministro Pérez Dayan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la aplicación de la Ley de Remuneraciones responde a un impecable razonamiento jurídico constitucional, ya que la Ley Reglamentaria de las Fracciones l y ll del Artículo 105 Constitucional prevé la posibilidad de que se suspenda la aplicación de las leyes que se impugnen mediante acción de inconstitucionalidad.
Cabe mencionar que esa suspensión no se vuelve permanente salvo en el caso que el pleno de la Corte decida que la norma es contraria a la constitución por una mayoría de ocho votos.
Se incorporó a nuestra constitución esta forma de control en las reformas del sexenio de Ernesto Zedillo en los años noventas. Se estableció el control constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la figura de la Controversia Constitucional y de la Acción de Inconstitucionalidad. Ambas figuras, con diversos matices, tienen como finalidad que se respete la constitución y se eviten actos de autoridad o normas generales –como leyes- que violen el espíritu de la constitución.
Gracias a este tipo de controles constitucionales se han obtenido reconocimientos a diversos derechos de vanguardia que quisieron ser impugnados en su momento por los conservadores, por ejemplo, el aborto en el entonces D.F., matrimonio igualitario, adopciones por parejas monoparentales, etc.
Este control –que existe en las grandes democracias modernas desde hace muchísimos años- no se hizo para boicotear a la nueva administración, como opinan algunos ignorantes de la historia constitucional mexicana. En conclusión, qué bueno que existe un control constitucional para dar claridad a las intenciones de nuestro texto supremo. Pero en el caso que nos ocupa, el de la Ley de Remuneraciones, el origen del problema no es en el control constitucional; ni tampoco tiene la responsabilidad el gobierno de López Obrador.
El Presidente de la República busca instrumentar una idea de Felipe Calderón, quien fue el verdadero autor de esta reforma en el año 2009, quien reformó el artículo 127 de la Constitución para prohibir que existan salarios de funcionarios públicos superiores a los del Presidente de la República. Dicha reforma se dio al finalizar la sexagésima legislatura, por lo que no dio tiempo para la expedición de la ley reglamentaria que la instrumentaría.
Esto parecía no presentar mayor problema, ya que los artículos transitorios establecían para los congresos –federal y locales- la obligación de expedir las normas que permitieran concretar dicha reforma en un plazo de ciento ochenta días. Sin embargo, dado que el cambio de legislatura se dio a los pocos días, se dejó dicha obligación a la siguiente y simplemente no hicieron la ley respectiva.
Vaya usted a saber sus motivaciones. Lo interesante es que en esa legislatura estaban como legisladores algunos del grupo cercano de López Obrador que, de nuevo, son legisladores. Entre ellos están Gabriela Cuevas –neomorenista-, Gerardo Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez y Ricardo Monreal. Pero también había prominentes morenistas con un gran nivel de influencia en el actual gobierno, como Alejandro Encinas, Alejandro Gertz Manero y Yeidckol Polensky.
Si bien es cierto no recae en ellos toda la responsabilidad de una legislatura irresponsable y displicente, sería interesante saber por qué en esa ocasión simplemente dejaron pasar su responsabilidad constitucional, recordándola casi diez años después. ¿Fue negligencia o hipocresía? Cualquiera de las dos opciones, es grave para la república. Si hubieran cumplido sus responsabilidades –junto con la legislatura- el país no estaría al borde de una crisis constitucional como la que se presenta ahora. En conclusión, la responsabilidad de lo que estamos viviendo no es, ni de López Obrador ni del poder judicial. Es culpa de un poder legislativo mediocre, agachón y perezoso, al que simplemente, no le dio la gana hacer su trabajo cuando debieron hacerlo. Las consecuencias, las estamos viendo ahora.