En el proceso electoral 2018 se perfila como el tema principal la lucha contra la corrupción. Tal vez por eso, el acuerdo entre Javier Corral y la Secretaría de Gobernación en el que se intercambió a un presunto desviador de fondos a favor del PRI para que quede bajo custodia federal y sólo costó novecientos millones de pesos. Este pacto suena muy extraño y hasta un poco impúdico a los ojos de los electores, pero va más allá de eso. La renuncia que hizo Javier Corral de impugnar la constitucionalidad de los convenios fiscales con la Secretaría de Hacienda y los estados era la verdadera cicuta para el control que ejercen desde el centro a los estados. El control económico es el control absoluto. Corral cedió por un monto de dinero insignificante –en proporción a lo que recibe de la federación- no a un preso, no, cedió la posibilidad de convertirse en un referente contra el centralismo que vivimos en México disfrazado de federalismo. ¿Por qué habrá cedido Javier Corral ante una oferta tan pobre? La razón es que su planteamiento era igualmente pobre. En muchas declaraciones que realizó el gobernador de Chihuahua reiteró que no dejaría su protesta ni su lucha anticorrupción a cambio de dinero. Habrá que ver si es cierto, habrá que ver si continúa con la indagatoria en contra de Alejandro Gutiérrez y del PRI, señalado como beneficiario de operaciones con empresas fantasma o si –como dicen algunos columnistas– se vendió por un plato de lentejas. Según trascendió en algunos medios, algo de lo que solicitó Javier Corral fue que se desestimaran las denuncias por supuesta 'tortura' en contra del otrora secretario adjunto del PRI, lo que evidenciaría, de ser cierto, que en esta negociación la ley fue aplicada o mejor dicho dejada de aplicar, en función de beneficios y compromisos políticos. El gobierno federal sin duda que entendió la gravedad del descubrimiento chihuahuense, por lo que se empeñó a fondo en cerrar este caso antes de que trascendiera aún más y afectara a su candidato Meade, quien ahora debe apechugar con un escándalo de corrupción más que se suma a la larga lista de corruptelas priistas, de las cuales simplemente no puede hablar ni deslindarse, porque esa ruptura implicaría perder el apoyo de la maquinaria priista que pretende encubrir todos los rastros de corrupción de uno de los sexenios más desaseados de que se tenga memoria.
Sin conocer el expediente de Gutiérrez a fondo, se entiende que su traslado a un penal federal será para que pueda ser protegido de las torturas denunciadas cometidas en la cárcel chihuahuense. ¿Pues en qué país vivimos?, ¿qué será más indigno: torturar o negociar y no denunciar la tortura a cambio de que ya no hagan olas que afecten a las campañas? Javier Corral tenía en sus manos una llave que abría la puerta de la pulcritud en las participaciones federales a los estados, que podría también contribuir a la terminación del vasallaje estatal hacia la federación pero, bueno, la soltó a cambio de dinero. Me cuesta trabajo pensar que Javier Corral no haya comprendido la trascendencia de su denuncia, por lo que me sorprende más que haya cedido tan fácilmente. Aparentemente, a Ricardo Anaya no le gustó que le robaran cámaras. Quien sabe, pero lo que sí es cierto es que Corral se dobló. Esto también demuestra la relevancia que habrá de tener en el proceso electoral el nuevo secretario de Gobernación, que dado que no tiene interés personal en alguna candidatura, podrá actuar de manera eficaz para defender al gobierno de Peña Nieto y con ello a su candidato, aunque no queda claro que a Meade le beneficie que lo asocien con el gobierno saliente. Lo que sí queda claro es que, de nueva cuenta, la ley se negocia en función de intereses políticos. Y así nos pedirán el voto, lamentable.