Opinión

Campesinos: los olvidados de la nueva política de vivienda

10 febrero 2014 4:7 Última actualización 29 octubre 2013 5:2

 
Isabel Cruz Hernández
 
Desde el año 2006 se reconoció la Producción Social de Vivienda como un modelo apoyado por el gobierno federal y desde 2007 la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha un programa para la producción social de vivienda asistida (PSVA) el cual llegó a ejercer importantes subsidios que para el año 2012 ascendieron a mil 200 millones de pesos. Este programa era muy noble y con un buen diseño de incentivos en el que se involucraba el subsidio del gobierno federal junto con la aportación en especie o ahorros del beneficiario y un componente de financiamiento, es decir había una combinación exitosa entre ahorro, crédito y subsidio. En los últimos años se añadió la Asistencia Técnica como parte del proyecto, a fin de que las construcciones o remodelaciones de vivienda fueran adecuadas y sostenibles según el tipo de región en el que se hicieren.
 

Quien se beneficiaba de esta política era principalmente la población rural y la de bajos ingresos, para quienes un crédito hipotecario formal es prácticamente imposible de obtener, en principio por la precariedad y volatilidad de sus ingresos, y en segundo término, porque no son personas asalariadas, sino que son productores del campo, artesanos, jornaleros que no perciben ingresos constantes como lo requiere la banca comercial. Por otra parte, era una buena política de combate a la pobreza, ya que los hogares con piso de tierra, sin servicios básicos (agua, luz, drenaje), cocinas con humo, espacios hacinados, son aquellos que provocan enfermedades, una vida incómoda y no propician el desarrollo humano y estos eran transformados en viviendas dignas a través del PSVA, incrementando los niveles de bienestar social con mucha mayor capacidad de cobertura en comparación con programas de subsidio como “Piso Firme” de la Secretaría de Desarrollo Social o “Vivienda Rural” del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, los cuales sólo cubren una mínima proporción de la demanda, debido a su reducido presupuesto. Por ejemplo, en el caso de Vivienda Rural, en 2012, tan sólo se ejercieron 283.5 millones de pesos a nivel nacional.
 

En contraste, la demanda de vivienda rural es abrumadora. De acuerdo a un estudio de la Conorevi para 2011, la demanda de vivienda rural es de aproximadamente 3.6 millones de unidades, de las cuales 2.7 millones corresponden a acciones de mejoramiento y poco más de 900 mil a viviendas nuevas; por otra parte, aunque la mayor concentración de la demanda está en 115 ciudades, el estudio muestra que el 50 por ciento de la demanda de vivienda está ubicada en Estados que son altamente rurales como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Datos más recientes de pobreza publicados por el Coneval indican que todavía el 14.3 por ciento de las viviendas tienen un solo cuarto y en ese mismo se cocina, 10.7 por ciento de los hogares no tienen agua potable entubada; 12 por ciento no tienen excusado en el hogar; es decir, 16 millones de mexicanos viven en espacios hacinados e inadecuados y 25 millones de personas carecen de servicios básicos en el hogar. Cabe señalar que estas características son principalmente de hogares rurales.
 

A pesar de que la población campesina padece el rezago más profundo en las características de la vivienda, la política actual está dirigida a aniquilar la producción social de vivienda, en principio porque en 2013 se ha ejercido un raquítico presupuesto de 32 millones de pesos y no sólo eso, sino que vemos con desasosiego que existe todo el ánimo de impulsar el crédito a la vivienda, pero a través de la banca comercial privada, lo cual nuevamente cierra los ojos a una realidad: los servicios bancarios no atienden a los más pobres y mucho menos a los pobres rurales. En cambio, PSVA operaba a través de intermediarios financieros no bancarios, entre los que cooperativas y sociedades financieras de proximidad y base social, ofrecían créditos accesibles a la población más vulnerable de este país, con una oferta real para hacerse de una casa digna; aunado a esto, diversas organizaciones desarrollaron un expertise para la construcción de vivienda rural con base en materiales locales, lo que permitía construcciones de bajo costo y sin depender ciento por ciento de los subisidios.
 

Frente a esta nueva tendencia, los intermediarios financieros están inermes y quedan excluidos de las posibilidades de ofrecer crédito y ni qué decir de los pobres rurales, quienes no son sujetos de crédito hipotecario debido a la falta de colaterales e ingresos sostenidos.
 

De manera que si lo que se quiere es impulsar el desarrollo de este país, en lugar de asfixiar políticas incluyentes y efectivas en el combate a la pobreza, éstas deberían reforzarse y hacerse más versátiles. Para esto, el actual gobierno debería restituir el programa de producción social de vivienda, adherir a más instituciones intermediarias no bancarias para la dispersión de crédito adaptado a las características de la población rural y de bajos ingresos; vincular los recursos de PSVA con aquellos de la banca de desarrollo, como por ejemplo los fondos de garantía de FIRA o Financiera Rural, de tal suerte que se multiplican las posibilidades de construcción, ampliación y remodelación en todos los rincones de este país, se incentiva la organización y participación social, se aprovechan tecnologías de construcción de bajo costo y que preservan el medio ambiente y los recursos naturales.
 

Es decir, existen múltiples caminos para resarcir el rezago de vivienda rural y elevar los niveles de bienestar ; sin embargo, vemos con desaliento que los cambios en la política gubernamental de vivienda sólo favorecerán la liquidez de un minúsculo grupo de bancos internacionales privados que no tienen interés alguno por mejorar las condiciones de vida en zonas campesinas y por otra parte, a estos créditos sólo podrá acceder, en el mejor de los casos, la población urbana con salarios fijos, como si el campo y su gente desapareciera con un abrir y cerrar de ojos.