Opinión

Campaña sin hambre, paliativo superficial a un problema estructural

10 febrero 2014 4:24 Última actualización 15 octubre 2013 5:2

 
Isabel Cruz Hernández
 
Cada día México está más lejos de lograr garantizar el derecho a la alimentación suficiente y saludable a su población, objetivo del día establecido por Naciones Unidas en 1973. Con 110 millones de habitantes el problema adquiere una fuerte complejidad porque discursivamente México combate el hambre y el problema alimentario, pero en la práctica ejerce políticas que protege a grupos dominantes en la alimentación a los que no les importa la calidad alimentaria sino el lucro puro y simple y que son los que controlan precios y calidad alimentaria. Frente a una crisis sin precedente, el gobierno federal no reconoce que hay problema de inseguridad alimentaria en el país; las comunidades rurales y urbanas afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel enfrentaron precios desorbitantes a los pocos alimentos que encontraban (5 y 7 veces más caros que el precio normal), pero muy pronto ni siquiera había alimentos para comprar. Las reservas de los mismos son inexistentes a pesar de la demanda sostenida de productores para la creación de reservas alimentarias. La ayuda humanitaria llega en forma de productos enlatados, pero el maíz y frijol no existe en bodegas para paliar el hambre y la inseguridad alimentaria de millones de mexicanos afectados por la catástrofe climática.
 

Mientras algunas trasnacionales preparan un programa de exportaciones de maíz y frijol mexicanos -apoyados en subsidios del gobierno federal-, los productores ven caer cada año el precio a sus cosechas de maíz, frijol y café; mientras los consumidores no han visto reducirse el precio de la tortilla, del azúcar, la leche y los huevos, sino la especulación pura, incontrolable por autoridades. Algo está mal en este país cuando un kilo de maíz que produce 1.5 kg de tortilla se paga en 3 pesos al productor, pero la tortilla cuesta de 15 a 18 pesos el kilo; cuando de 1 kg de café oro que se paga en 50 pesos y con un kilo se producen 100 tasas del aromático con un costo promedio de 25 pesos; cuando el precio del frijo se paga al productor en 5 pesos y se vende a 20 y 25 pesos al consumidor.
 

El objetivo del Día Mundial de la Alimentación es lograr “sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”, pero en México a pesar que el derecho a la alimentación quedó incluido en el artículo 4º de la Constitución Política desde el 13 de octubre de 2011 y dice:
 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, no se ha legislado la Ley Reglamentaria de este derecho. Los programas públicos siguen garantizando la transferencia de fondos subsidiados a las importaciones y al comercio de los grandes agricultores y empresas trasnacionales. Otro objetivo de la ONU es el reconocimiento de las agriculturas familiares y de las cooperativas agrícolas en la solución del problema de hambre en el mundo. Pero México se niega a cambiar sus políticas alimentarias concentradoras de beneficios y rentabilidad de trasnacionales agroalimentarias en detrimento de la nutrición de su población. Hoy México es primer lugar en obesidad infantil y segundo en adultos; la mayoría de nuestros niños sufren desnutrición crónica y falta de nutrientes básicos, pero somos el número uno en consumo de refrescos. Las compañías refresqueras que hoy se oponen rabiosamente al impuesto por consumo de los mismos.
 

El Coneval señala problemas estructurales al diseño de la Cruzada contra el Hambre, entre otras la estrategia necesita definir con mayor claridad cuál será la intervención para elevar el ingreso de los pequeños productores rurales y para reducir las pérdidas postcosecha.cosas su vínculo con el desarrollo sostenible y el combate a la pobreza.
 
 
Todo ello debería quedar plasmado en el Programa Nacional México sin Hambre que realizará la Sedesol. Hacen falta soluciones adecuadas y reformas de fondo en las políticas agroalimentarias del país.