Opinión

Camisa de fuerza fiscal


Entre la rimbombancia y triunfalismo de las reformas aprobadas en 2013, el gobierno tuvo la suerte de que pasara relativamente desapercibida la improvisación y desaseo de la fiscal. Los enormes cambios entre iniciativa original y legislación aprobada, los remiendos de última hora que tuvo que decretar Peña Nieto y las largas colas (en oficinas) y colapsos virtuales (en la red) del SAT no fueron tan escandalosos mediáticamente gracias al cambio transformacional, ese sí, de la reforma energética. En otras circunstancias los cambios tributarios habrían causado un choque frontal entre sector privado y público.

En una especie de mea culpa, o tapar el pozo ya ahogado el niño, el gobierno se está erigiendo un complejo laberinto. Con la sobada fórmula de “te prometo que no lo vuelvo hacer” el peculiarmente llamado Gabinete Especializado de México Próspero (sic) presentó el 27 de febrero un peculiar documento llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria.

Peculiar, primero, porque el gobierno alcanzó, cual esquizofrénico, ese acuerdo consigo mismo (todos los firmantes son miembros de la administración pública federal). La segunda rareza es que el acuerdo contiene ocho puntos, varios de los cuales destacan por su obviedad -a menos, claro, que el gobierno considere que no es algo elemental acatar la ley. Esto se deduce porque el tercer punto establece que el gobierno resuelve respetar los derechos legales de los contribuyentes y las decisiones que tome el Poder Judicial en materia tributaria. Ojalá que los altos funcionarios firmantes no se hayan planteado siquiera hipotéticamente lo contrario. Otra obviedad, más inofensiva, la encierra el octavo punto: el gobierno determina nada menos que tener una comunicación cercana y permanente con la sociedad. En el cuarto se compromete a ser más eficiente en el uso de los recursos.

Pero el meollo del documento es realmente el primer punto: el gobierno acordó (consigo mismo) no modificar ni la estructura ni el nivel de los impuestos durante el resto del sexenio. Renuncia, así, a incrementar más la recaudación fiscal o alterar la mezcla impositiva buscando mayor eficiencia. La reforma fiscal 2013 fue tan maravillosa que por años será intocable. O, más bien, la administración se impone una camisa de fuerza para tratar de quedar bien con aquellos a los que acaba de aplicar un mazazo tributario. Al menos, es de agradecerse, se dejó una cláusula de escape (en el sexto punto): en caso de “eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios” entonces sí se modificarán los impuestos (al alza, es de suponerse). El problema, claro, es cuando ocurran “eventos macroeconómicos” no necesariamente extraordinarios pero sí importantes. Y es casi seguro que eso suceda, porque hasta noviembre 2018 falta mucho tiempo. En esos casos habrá un dilema complicado de resolver.

Esta restricción se agrega a otra limitante fiscal, igualmente autoimpuesta: el precio de la gasolina subirá al mismo ritmo que la inflación a partir de 2015. Sin duda una medida que será aplaudida por muchos, particularmente los automovilistas más ricos que probablemente seguirán recibiendo un subsidio (que sólo en enero pasado ascendió a 2 mil 714.1 millones de pesos y en 2013 superó los 105 mil millones). Esa potente arma recaudatoria, la bomba de gasolina, la deja la Secretaría de Hacienda fuera de su alcance. Ojalá el subsidio desaparezca, pero eso ya no dependerá del gobierno (como debería) sino de la evolución futura de los precios internacionales del crudo.

La única certidumbre que se desprende de todo esto es que al gobierno le encanta lucir camisas de fuerza que nadie le pidió ponerse. Ojalá no se pague un precio muy elevado por tan peculiar proclividad en el vestir fiscal.