Opinión

Caminos intrincados de la justicia

 
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ME. El amparo de Aristegui.

Un conjunto importante de leyes impulsadas por el Presidente de la República, entre otras, la Ley de Transparencia aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, tienen la pretensión última de dotar a la ciudadanía de los instrumentos para alcanzar una seguridad jurídica, mediante el acceso a la información y el combate a la corrupción y la impunidad. La justicia, fin último de la seguridad, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la paz social, así como un derecho humano de primer orden de cuya observancia deriva la justificación de existencia y subsistencia del Estado mismo.

Nuestra Constitución contempla derechos humanos y garantías en el ámbito de la impartición de justicia; pero distingue con exactitud aquellos mecanismos para resolver un conflicto de carácter ordinario entre particulares, con respecto a otros de orden extraordinario, como los que encomienda a los Tribunales de la Unión para la resolución de un conflicto entre particulares y una autoridad: el amparo. La razón obedece al principio de equilibrio de poder y el carácter extraordinario que debe concederse a la actuación judicial tratándose de la invalidación de los actos atribuibles a uno de sus pares.

La Constitución ordena expresamente que los Tribunales de la Federación serán los únicos competentes para resolver controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la misma Constitución, así como los tratados internacionales de los que México sea parte.

Con motivo de resoluciones y criterios relativamente recientes, en la Ley de Amparo que está en vigor se adoptó una figura jurídica por equiparación: la de los particulares entendidos como autoridad para efectos del amparo. En la nueva ley se permite que, en casos excepcionales en los que los particulares actúen como autoridad, por emitir actos dotados de características similares a la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, el amparo proceda en su contra.

Un par de ejemplos que podríamos considerar para ejemplificar los objetivos de la novedad legislativa, se desprenden del ejercicio de las atribuciones que la Ley le concede a los concesionarios en el ámbito de puertos o aeródromos, pues a pesar de tratarse de particulares, es precisamente por cuenta de ellos que otros particulares, los concesionarios de transporte, pueden desplegar y ejercer su propio derecho. Ninguna embarcación puede atracar, o ningún aeroplano puede despegar o aterrizar, a pesar de que así lo prevea la ley, si no es mediante la autorización expresa que en su momento le otorgue aquel particular que ejerza el derecho concesionado de operar la terminal portuaria o el aeropuerto respectivo.

La semana pasada sobresalió la noticia referente a la admisión de una demanda de amparo interpuesta por Carmen Aristegui en contra de MVS Radio, por la resolución adoptada por la segunda en el sentido de dar por terminado un contrato para la prestación de servicios por parte de la periodista.

Sin referirnos en modo alguno a los méritos del caso en la parte sustantiva, que desconocemos y por consiguiente, no son objeto de nuestros comentarios, no dejamos de destacar el carácter revelador e inusitado del acuerdo judicial a través del cual se habilitó la vía del amparo como mecanismo para dilucidar las diferencias por la terminación de un contrato, equiparándosele a un acto de autoridad.

El acuerdo judicial, sobre el que se difundió una nota de prensa, entraña una interpretación absolutamente extensiva de la Ley de Amparo que le permite al PJF intrometerse y exigir a los particulares el cumplimiento de formalidades constitucionales con respecto a decisiones de negocio que hasta ahora no habían existido y que, ante todo, provienen de acuerdos típicamente bilaterales.

La admisión y potencial resolución del Juicio de Amparo al que nos venimos refiriendo, de continuar su curso, transformaría por completo la naturaleza misma de este mecanismo de defensa, incluso más allá de lo que se propuso a través de la reforma constitucional del 2011, por la que se modificó el objeto de tutela en la dirección de la protección de los derechos humanos.

No proponemos obstaculizar el acceso a la justicia en perjuicio de la periodista o de persona alguna, sino puntualizar en torno del carácter absolutamente excepcional y único para el que fue concebido el Juicio de Garantías. Recordemos el equilibrio que debe conservarse en la relación entre los jueces y los demás órganos de poder.

Frente a la igualdad jurídica de las partes suscriptoras del contrato, quienes en ejercicio libre de la voluntad se sujetaron al cumplimiento de las estipulaciones pactadas en su clausulado, debe considerarse que la resolución de concluirlo en la forma en que hemos atestiguado no constituye una determinación unilateral de alguna de las contratistas, sino una conclusión típicamente contractual que no deja de pervivir en el ámbito del derecho estrictamente privado y comercial. ¿Acaso sería acto de autoridad la decisión que adopte la aerolínea de despedir a una sobrecargo?, ¿Podrá ésta promover el amparo con base en el derecho humano al trabajo?, ¿Cuál será entonces la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje o la de los Tribunales Civiles?

La singular lectura y entendimiento de la demanda habrá de quedar a la interpretación jurídica de la Ley de Amparo que habrán de conceder los Tribunales Colegiados o la SCJN en la etapa de impugnación de la resolución del Juez Octavo de Distrito; sin embargo, aún a través de ella una premisa debe quedar claramente establecida: ni la lectura más amplia posible que pudiera concederse a la Ley de Amparo, que permitiera su tramitación contra actos de un particular equiparado a una autoridad, como ahora se propone, podría ir en contra de la letra de la Constitución misma, que implícitamente los excluye.

De concederse a la ley el alcance literal que se le viene otorgando, podríamos estar ante la eventualidad de una norma reglamentaria de la Constitución que supera a la Constitución misma.

El asunto arroja las derivaciones y cuestionamientos más interesantes que los estudiosos del derecho constitucional jamás se hubieran planteado; sin embargo, ¿no es acaso esa incertidumbre, precisamente, la que el Juicio de Amparo debería de evitar?

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