Opinión

Cambios legales para fortalecer organización y rentabilidad


 
Las restricciones que enfrenta el sector agropecuario para incrementar la productividad y el ingreso neto de los productores son múltiples: falta de capital y de acceso a financiamiento; capacitación insuficiente; infraestructura inadecuada y obsoleta, sobre todo en los procesos de postproducción; falta de innovación y aplicación del conocimiento; nulo o bajo valor agregado de los productos primarios; deficiencias en los sistemas de información para la toma de decisiones; y politización de los temas del sector.
 
Esas restricciones se sintetizan en dos aspectos centrales: la atomización de la tenencia de la tierra y la falta de organización económica para la producción, comercialización y venta de los bienes agropecuarios. Según el padrón de Procampo, 78 por ciento de los productores poseen 5 hectáreas o menos. De las 5.5 millones de unidades de producción en el sector, 50 por ciento son de autoconsumo (y operan en 38 por ciento de la superficie agropecuaria), 35 por ciento son semi-comerciales con ventas eventuales de sus excedentes (en 42 por ciento de la superficie) y sólo 15 por ciento tiene orientación comercial (en 20 por ciento de la superficie disponible). Ello implica una gran complejidad para generar economías de escala en un sector intensivo en capital como el agropecuario.
 
En cuanto a la organización para la producción, en lo últimos años se han realizado esfuerzos del gobierno para “reconvertir” a las asociaciones que eran eminentemente políticas a asociaciones económicas con fines productivos. En buena medida, esos esfuerzos retomaron las experiencias de instituciones no gubernamentales, como las acciones para organizar a los productores de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural desde la década de los sesenta. En 2001 la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable estableció la creación de los Sistemas Producto y, desde ese año, se incorporó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un programa de apoyo para su fortalecimiento con un enfoque de “empresarialidad”. Además, en 2011-2012 el programa “Organízate”, que apoyaba a organizaciones “sociales”, se modificó a “Integración de Proyectos” con el objetivo de que esas organizaciones generaran las capacidades para presentar proyectos productivos susceptibles de apoyos federales, en vez de  realizar eventos políticos.
 
No obstante esos esfuerzos, lo que ha quedado rezagado es el marco jurídico para las figuras asociativas en el sector agropecuario, que fundamentalmente se derivan de la Ley Agraria (que data de 1992) y establece la posibilidad de constituir Uniones Ejidales, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo y Sociedades de Producción Rural (de responsabilidad limitada o suplementada). Para dichas sociedades, la complejidad de organización y, sobre todo, el burocratismo para operarlas son de la época post-revolucionaria: intervienen el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, el asambleísmo y los comisariados ejidales, entre otras instancias de operación y decisión. Sin duda, en éste como muchos otros aspectos, se requiere reformar la Ley Agraria para permitir e impulsar nuevas figuras asociativas modernas, que cumplan al menos dos condiciones: se orienten a la rentabilidad productiva y establezcan mecanismos de equilibrio y confianza jurídica entre los participantes (accionistas).
 
Ese es el caso de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, que se crearon en el marco del mercado bursátil, y facilitan asociaciones entre pequeños productores y ejidatarios con inversionistas de capital al establecer cláusulas de protección de los derechos de minorías; inducen la presencia de gobiernos corporativos sólidos (incluyendo a consejeros independientes); y se basan en esquemas de agricultura por contrato, entre otros aspectos. El sector agropecuario requiere instrumentos legales y de otro tipo que vayan a la par de los avances en otros sectores y no se quede anclado en una normatividad obsoleta e inoperante para las condiciones actuales.
 
Twitter: @ruizfunes