Opinión

Cambio de régimen

 
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El análisis de cada escenario de los partidos tras la elección de 2017. (Especial)

El tema de la corrupción y el combate a la misma se centra, como lo describe de manera precisa en su más reciente libro Luis Rubio (Un mundo de oportunidades), en la conformación de un gobierno eficiente en el marco de un Estado de derecho, donde la rendición de cuentas sirva para apuntalar al sistema y no para impedir su funcionamiento.

Construir un Sistema Nacional Anticorrupción supone crear de manera paralela un régimen político alternativo al que tenemos en este momento, y por ello las enormes dificultades para su instrumentación. Si a este nuevo aparato de control se le da la fuerza legal y política para cortar de tajo las raíces de la corrupción y los incentivos para generarla, tendríamos un verdadero cuarto poder por encima incluso de los gobernadores que son hoy la principal fuente de saqueo en el país.

Por ello las resistencias en las legislaturas estatales para adecuar sus normas locales a las disposiciones federales, de manera que los congresos de los estados y los propios gobernadores no cuenten ya con la discrecionalidad que les permite mover dinero de un lado a otro sin control y supervisión alguna.

De igual forma, la imposibilidad de nombrar al fiscal anticorrupción en estas condiciones proviene del temor de que este organismo posea el poder suficiente como para verificar cuentas actuales, y en el proceso de desmantelamiento de las estructuras generadoras de corrupción, se lleve entre las patas a varios mandatarios y funcionarios de diferentes niveles, en una especie de terror revolucionario de dimensiones desconocidas.

Y es que la aparición día con día de escándalos ligados a corrupción, negligencia e impunidad –tres integrantes de un mismo fenómeno– alimentan el enojo popular contra el sistema en su conjunto y contra el gobierno federal de manera específica.

Obras públicas con fallas graves en su construcción y operación, junto con procedimientos de licitación internacional reconocidos por su transparencia y precisión en el proceso de adjudicación, nos vuelven a recordar el México que se vende hacia afuera con altos niveles de calidad y competencia, frente al otro país que hacia adentro sigue hundido en el terreno de la corrupción y la complicidad sin límites.

Es por ello que la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción será, en el mejor de los casos, la antesala de la recomposición del régimen político que no ha querido renunciar a sus privilegios a pesar de los cambios político–electorales alcanzados, y cuya resistencia ha sido la causante del atraso en vastas zonas del país, e incluso en la misma instrumentación de las profundas reformas aprobadas en este sexenio.

Quizá por ello será necesario establecer una especie de amnistía para que esta clase política no se vea amenazada por el fin de la era patrimonialista, en aras de construir el nuevo modelo político que rompa con inercias e incentivos perversos que alimentan la ineficiencia, corrupción e impunidad.

De no producirse este cambio, lo que tendremos por delante será no sólo una despiadada competencia electoral en 2018 por la presidencia y el Congreso, sino por los restos de un botín cada día más pequeño y de menor calidad. Así, las reformas aprobadas servirán para que las empresas ganadoras obtengan ganancias, pero la renta recibida por el Estado seguirá dilapidándose de una u otra forma hasta la próxima crisis económica que obligue a sacrificios mayores y decisiones radicales tomadas sobre las rodillas.

Es por ello que los partidos buscan, con alianzas o sin ellas, a un estadista capaz de encabezar el cambio de régimen que el país urgentemente necesita, en el entendido de que no se trata de un caudillo sino de una figura que encabece un nuevo régimen dispuesto a romper con el pasado y jugarse el todo por el todo para concertar nuevas reglas del juego aceptables y aplicables para todos.

Twitter: @ezshabot

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