Opinión

Bullying a la impunidad

El concepto de bullying o acoso escolar implica una serie de maltratos que se dan entre escolares a nivel físico, psicológico e incluso cibernético, de manera reiterada y prolongada. Esta problemática existe desde hace mucho tiempo, pero ahora se conoce más dada la difusión que se hace por medio de las redes sociales y del ciberespacio. El destapar esta conducta no parece haber favorecido su disminución, sino que por el contrario se denota un sesgo de “audacia” en los niños y muchachos que se vuelven acosadores y que –en ocasiones- presumen sus hazañas en las redes sociales en que cada quién se vuelve el protagonista y héroe de su propia película.

Esta desviación de los valores no es nueva. Hace catorce años se adicionó un párrafo noveno al artículo cuatro de la Constitución que da la responsabilidad a los ascendiente, tutores y custodios de vigilar por el interés superior de los niños. Sin embargo, tal parece ser que la realidad mexicana es otra muy distinta de lo que establecen las disposiciones constitucionales ya mencionadas, toda vez que las políticas públicas rara vez son determinantes y determinadas en función de la protección a la infancia, y ejemplos sobran: el abuso sexual de sacerdotes pederastas –a quienes se les esconde para que no enfrenten a la justicia por simple realpolitik del Estado mexicano-; a los tratantes de niños con fines de explotación sexual, esclavitud o trata y, más recientemente, el acoso escolar o bullying.

Es verdad que se deben de sancionar las conductas que sean constitutivas de delitos, independientemente de quién sea el autor de los mismos; lo que cambia es el tipo de sanción dependiendo de si el delincuente es inimputable o no. El caso de los niños y adolescentes bulleadores parece poner al estado mexicano en un predicamento en que no han sabido cómo conciliar esta obligación constitucional de defensa y protección a la infancia del artículo cuarto, con los principios de las garantía penales que consagra el artículo dieciocho en sus párrafos cuarto y quinto, mismos que determinan el tratamiento que debe darse a los menores delincuentes. Y lo que es lamentable es que México ha optado por la protección de los delincuentes juveniles mediante leyes de justicia para menores y adolescentes que hacen prácticamente imposible pensar en una sanción para ellos en función y proporción de los delitos cometidos.

La muerte de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, en Tamaulipas, desenmascaró la incompetencia de las autoridades educativas en dicha entidad y a nivel federal, quienes como única solución encontraron “suspender a los maestros involucrados”. ¿Verdaderamente no han leído lo que dispone el artículo cuarto de la Constitución? En dichos ordenamientos se habla –de manera imperativa- de la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar y velar por el respeto de los derechos de los niños. En este caso y en muchos más, hay culpables y hay responsables que deben ser sometidos a la aplicación de las leyes que les sean aplicables.

Y tal vez sea el momento de poner un alto también, mediante la modificación de las disposiciones para menores infractores que rigen en la república, que gestan en ellos la cultura de la impunidad ante una ineptitud gubernamental incuestionable. No se trata de llegar al extremo de encarcelar a niños o jóvenes salvo en los casos que así se amerite, como pasa en los países de primer mundo; pero tampoco de hacer disposiciones jurídicas como las que tenemos en que se protege al delincuente juvenil para evitar que sufra cualquier tipo de cuestionamiento o sanción, salvo en casos muy extremos.

Desafortunadamente el bullying no es uno de estos casos extremos y sus consecuencias pueden ser muy graves, como se ha visto. Es tiempo de abrir el debate en México sobre una realidad incuestionable: tenemos una juventud que crece en la cultura de la impunidad y es a ésta a la que hay que hacerle bullying, no a los niños.

Correo: gonzalezrobles@gonzalezrobles.com