Opinión

Medida aduanera borra esquema de importaciones paralelas

Como efecto de una reciente modificación en una regla aduanera que obliga a manifestar la marca de las mercancías a importar, el esquema de importaciones del país ha sido prácticamente eliminado. Empleo la expresión “prácticamente” como sinónimo de “casi”, pero también de “en la práctica”, porque así, de tajo, con un giño de una regla de menor jerarquía, gran parte de los importadores del país son expuestos a serios problemas legales asociados a la comercialización de sus productos en México.

Repasemos los antecedentes. En 1991, como parte del esquema de apertura a la competitividad, la legislación de marcas impulsó la llamada figura de “importaciones paralelas”, que permite la introducción al país de productos de cualquier marca, por cualquier importador interesado, fuese o no distribuidor oficial, siempre y cuando se tratase de mercancías auténticas. El objetivo primario del dispositivo es el de restar poder a los distribuidores autorizados de una marca, que suelen imponer condiciones y precios a los consumidores.

A lo largo de la última década, otra fuerza en sentido opuesto apareció en la escena, consistente en la presión para intensificar los controles aduaneros para impedir el tránsito de mercancías falsificadas, que se convirtió en una exigencia internacional orientada a reducir los elevados niveles de piratería; México inició la implementación de diversas medidas en frontera para monitorear, detectar y detener productos apócrifos.

La medida más enérgica e institucional fue la conformación de un “padrón aduanero de marcas”, que consiste en una base de datos de marcas registradas que suelen ostentar productos importados, en la que se incluye el nombre de las empresas autorizadas para distribuir en el país. De esa manera, al momento del despacho aduanero, se realiza la verificación y si el importador no aparece en el padrón, la importación es detenida e investigada.

Como consecuencia de la modificación a las reglas de importación, la medida ha sido extendida hasta el extremo en el que, si no se plasma en los formatos la indicación de la marca registrada y el número de inscripción de la empresa importadora ante el IMPI como licenciatario o distribuidor, los productos son detenidos y sujetos a investigación; fatalmente, la falta de entendimiento de la figura de la importación paralela por parte de las autoridades genera riesgos, incluso penales, para los importadores.

Esta circunstancia está generando gran preocupación entre empresas importadoras que por años han operado bajo el mismo esquema en el país, y que hoy miran cuestionado su modelo de negocio ante el reforzamiento de las medidas de protección a distribuidores locales que, por esta vía, retoman el control de las marcas que representan en el país como lo hacían en los años setenta y ochenta. Ante este escenario, una vez más, el amparo se constituye en la última alternativa para tratar de remediar ese extendido mal legal nacional: “formulario mata ley”.

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