El gobierno y los legisladores federales buscan, con toda calma, cómo solucionar el principal y más grave problema que tienen hoy muchos gobernadores y presidentes municipales, que deben miles de millones de pesos que mal gastaron, desviaron o, de plano, se llevaron sus antecesores para sus negocios personales.

Ahora hay que pagarlos a los bancos, que fueron quienes los prestaron a los gobiernos; pero ¿quién los pagará? Para definir eso el tiempo se agota, queda hasta el 30 de abril –cuando acaba el periodo ordinario de sesiones- y en la mesa de pendientes de las dos cámaras del Congreso de la Unión los papeles se derraman, ya no caben, son demasiados.

Legislativo y Ejecutivo, en los acuerdos firmados en el Pacto por México, enlistaron lo que llamaron una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, “para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios”.

¿Y cómo lo harán? “Regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento subnacional”.

Así quedó establecido en el Compromiso 69 del Pacto.

¿Y qué acordaron hacer? “Realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa, que sea palanca de desarrollo; la realización de los objetivos establecidos como compromisos de ampliación de derechos sociales, así como las inversiones para detonar el crecimiento y mejorar la seguridad y la justicia requieren de fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado”.

Para lograrlo se marcaron los siguientes aspectos:

• Eficiencia Recaudatoria
• Se mejorará y simplificará el cobro de los impuestos
• Se incrementará la base de contribuyentes
• y se combatirá la elusión y la evasión fiscal

Pero en tanto concluyen todo eso ¿qué sucede ahora? ¿qué va a pasar en el plazo inmediato, en el mediano y en el futuro cercano?

• En Tabasco no hay dinero ahora ni para los servicios médicos mínimos indispensables, debido a la corrupción, al robo y saqueo del gobierno del PRI que se fue.
• En Michoacán los dejaron apenas con el pago de la nómina de los empleados públicos, debido a la mala administración de los gobiernos del PRD.
• En Jalisco, que quedó superendeudado por los soberbios e ineptos gobiernos del PAN; Chiapas, saqueado por los ex priistas, ex panistas y ex perredistas; Coahuila, la otra herencia maldita del PRI; Guerrero, marcado por la ineficacia y el desorden que dejó el PRD y el PRI.

En fin, todos tienen vela en este entierro. Por eso en el Pacto por México los partidos y el gobierno se quieren ayudar mutuamente a esconder su basura y su cochinero bajo la alfombra.

Pero ¿de quién es la alfombra y a quién le va a tocar barrer como se debe?

Resulta que quien va apagar es la Federación, el gobierno federal, con todos nuestros impuestos. Con ellos se pagarán los desfalcos de nuestros ladrones funcionarios públicos.

El tema se ha convertido, para muchas entidades, en una verdadera bomba de tiempo, aunque públicamente el secretario de Hacienda diga que no es así, según revelan algunos de los que participan en las reuniones del Pacto por México.

¿Y el castigo a los responsables del desvió de recursos?

Y para muestra vea, mi acucioso lector:

Según datos del propio PRI, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararon en quiebra; aproximadamente 90 de ellos corresponden a Chiapas.

Destaca que este nivel de endeudamiento obliga a un urgente replanteamiento para el manejo responsable de las finanzas públicas. Por ello, se propone una iniciativa de ley para fijar límites claros y precisos a la deuda de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda al que cada vez acceden más.

¿Desde cuándo hemos escuchado este tipo de iniciativas? De hecho hay alrededor de 23 propuestas en las gavetas de las comisiones del Congreso. En sus dos cámaras. Y nada todavía.

En los últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento al pasar de 106 mil millones de pesos a casi 244 mil millones de pesos, sin que se conozca a detalle su destino, las tasas a las que se contrataron los créditos y las razones que los justifiquen, alerta el Revolucionario Institucional.

Para terminar con esta burbuja se propone reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución para que con nuevos mecanismos se garantice un tratamiento homogéneo e integral de la rendición de cuentas, frenar la deuda, modificar la distribución de los recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento.

Para ello, PRI, PAN y PRD sugieren que las legislaturas de los estados aprueben que la deuda pública que se contrate para el estado o ayuntamiento y que ésta se destinará exclusivamente a inversión pública productiva; es decir, obras públicas, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de las entidades públicas del estado o municipio, precisó.

Pero, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque el PRI, por ejemplo quiere que Hacienda controle todo endeudamiento, el PAN que lo con trole el Senado y el PRD que sean las propias entidades o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

No hay consenso y por eso no avanzan. Además, unos piden castigo a los saqueadores, otros condonación de las deudas y que las paguen los ciudadanos. Y nadie cede.

Por ello, ya van adelantadas varias reformas de verdadero “gran calado”. ¿Ésta para cuándo?