La decisión más desafortunada de Calderón fue emprender una guerra sin rumbo y sin analizar tampoco las consecuencias que ésta traería.

El sexenio de Felipe Calderón fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.

Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin rumbo y sin analizar tampoco las consecuencias que ésta traería.

Para el ahora ex presidente, cómodamente asegurado en Harvard con su familia, los 90,000 muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños “colaterales”, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla a ciegas contra el crimen organizado.

Así, las personas fallecidas eran sólo estadísticas de criminales para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. No le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles, inocentes muchos.

Ahora que ha dejado la presidencia, parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales. Sobre todo para él.

Por ello, el pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar con el ahora presidente Enrique Peña Nieto, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias, según el riesgo que cada caso particular presente.

¿Y todo el resto de los mexicanos?

La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece:

Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:

“IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular”.

Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país; a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.

Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un “derecho obligatorio”, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su integridad.

El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.

Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.

En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.

¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?

¿Qué no es suficiente con darles seguridad y aparte hay que darles un súper-salario, como los que recibieron todos los de su equipo y su burocracia inútiles? ¿Por qué tenemos que pagar gobiernos caros y muy malos?

Se destinan aproximadamente 32 millones de pesos (mdp) anuales a los ex presidentes. Vicente Fox fue quien más recursos obtuvo en 2009, con un total de 8 millones 940,000 pesos; Carlos Salinas de Gortari, en ese mismo año, 7 millones 930,000 pesos; Miguel de la Madrid recibió 7 millones 495,000 pesos; Ernesto Zedillo cobró 4 millones 683,000 pesos; Luis Echeverría Álvarez, 3 millones 611,000 pesos.

¿Y la creciente, indignante y vergonzosa pobreza en más de la mitad del país? ¿No le dará pena eso a Calderón en Harvard?

¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2% de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.

¿Quién necesita más ese dinero: las familias de los muertos en la guerra o “políticos” sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?

Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente, los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero, sino también de equidad.

Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.

De lo contrario, la gente algún día se cansará, la paciencia se agotará y el ánimo estallará. Recapaciten a tiempo todos, el nuevo gobierno debe actuar diferente, no repetir vicios, ni azules ni tricolores.

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