Todos hablan del fuero y del desafuero, pero, en el fondo, nadie quiere eliminarlo.

Y es que el fuero es un manto protector  que la Constitución brinda a los diputados, senadores, asambleístas, secretarios de Estado, presidente de la República, gobernadores, ministros, magistrados, consejeros electorales, todo lo más granado y honorable de nuestra clase política, para evitar que sean procesados ante la justicia cuando son acusados de cometer un delito.

Esta protección está estipulada los artículos 38, 61, 111 y 112 de la Constitución, en materia de “Inmunidad de Servidores Públicos”.

A partir de los sistemáticos escándalos que los políticos y servidores públicos han escenificado desde hace años, por sus diversos ilícitos o transas cometidas, y que evitan la acción de la legal protegidos en el fuero, desde hace 6 años se aceleró el reclamo por eliminar o acotar esta figura legal, indignante para el ciudadano, pero una bendición para los beneficiados.

El 06 de marzo de 2007, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de Estados Unidos (EU) Mexicanos, en materia de Inmunidad de Servidores Públicos, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

El 27 de enero de 2010, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Sebastián Calderón Centeno y el Diputado Javier Corral Jurado, todos del PAN, presentaron la iniciativa para reformar los artículos 61 y 111 de la Constitución, en materia de Inmunidad de Servidores Públicos.

El 1 de diciembre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios legislativos, respecto la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 38, 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Inmunidad de Servidores Públicos”.

En esa misma fecha, el Pleno de la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados el expediente de la Minuta con el Proyecto de Decreto, para sus efectos constitucionales, es decir para que la colegisladora lo revise, lo dictamine y lo vote también.

El 6 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Minuta en comento y la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Desde entonces los diputados la tienen en sus gavetas. Por acuerdo al interior del Pacto por México, los líderes de los partidos decidieron desahogarla en este periodo legislativo, pero ya llevan casi un mes  y ni siquiera se han sentado a discutirlo formalmente en la Comisión de Puntos Constitucionales.

El PRI -en voz nada menos que de su jefe de jefes, Manlio Fabio Beltrones-  argumenta: “No quiero hacer una larga historia en materia del fuero, solamente subsiste en el imaginario colectivo, el abuso del que ha sido objeto. Esto, que no es privilegio, sino una necesidad en muchos de los aspectos de la vida política mexicana, para generar inmunidad pero no impunidad en quien en sujeto del mismo; a fin de que haga valer su opinión sin represalia alguna y tampoco esté en el objetivo -por decirlo de alguna manera- político y de venganza o utilización de orden político-electoral por parte de alguna otra autoridad de cuño partidario distinto, como ha sucedido en Estados, en municipios o pueda suceder a nivel nacional.

“Hoy vemos que muchos de quienes se llaman perseguidos por una justica de orden partidaria, están llegando a la Cámara de Diputados a interponer denuncias de juicio político sobre los gobernantes que ya se fueron. Y esos personajes no estaban sujetos a fuero, pero puede haber muchos otros que sí pueden ser objeto de abuso de la autoridad, sobre todo cuando se ejerce una función de orden legislativo, de denuncia, de propuestas, de iniciativas que resultan inconvenientes a ciertos grupos del poder.

“La figura debe seguir existiendo; lo que se busca es una transición de lo que se ha dado llamar en fuero. Una transición hacía la inmunidad que no impunidad. Ojo, es importante y que transforma la manera en la que puede ser sujeto un legislador o aquel funcionario público que tenga fuero, a lo que es la investigación y el procesamiento judicial”.

En tanto, el coordinador del PAN, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal, se ubica en una cómoda posición. En el discurso quiere “eliminar” -es decir desaparecer todo lo que tenga que ver con esta figura-, pero, en los hechos, también sólo va por acotarla.

“Sin simulación, sin engaños y con la firme convicción de que ´todos los ciudadanos somos iguales ante la ley´ es que puedo afirmar que los diputados del PAN nos declaramos listos para eliminar el fuero constitucional. La propuesta que respaldamos elimina la inmunidad procesal, es decir, que en cualquier momento todo funcionario público, de inmediato acuda al llamado de un ministerio público o un juez, cuando sea llamado a cuentas, exactamente igual que cualquier ciudadano.

“Estamos convencidos que legisladores federales y locales, miembros del Poder Judicial de la Federación o de los estados, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Alcaldes, debemos dejar atrás esta figura que tanto ofende a los ciudadanos y que ha servido en la mayoría de ocasiones como un escudo para la impunidad.

“Convocamos a todas las fuerzas políticas a asumir el compromiso que en campaña ofrecimos al pueblo de México. Confiamos en que la congruencia nos permitirá alcanzar el consenso que los ciudadanos esperan desde épocas inmemoriales con respecto a la eliminación del fuero”.

Pero, aclara, “votaremos como viene la minuta del Senado”, es decir con el fuero “acotado”.

Y el PRD, para sorpresa hasta de los perredistas, no quiere desaparecer este manto protector. Su coordinador, el michoacano Silvano Aureoles, expone: “Tenemos que cuidar que esta figura, por la tarea esencial de los legisladores, no corra riesgos; es claro el texto cuando dice que por sus posturas políticas, por opiniones, los legisladores no podrán ser reconvenidos; tiene que ver con un derecho de la libertad de expresión y, máxime por la naturaleza de la tarea legislativa, se tiene que cuidar esta parte.

“Hay que decir que no sólo los diputados tienen fuero constitucional, lo tienen los ministros de la Corte, funcionarios de primer nivel del gobierno, los del IFE, los gobernadores, los asambleístas del Distrito Federal, los de los congresos estatales y el presidente de la República. ¿Cuál es el principio elemental de esto? Igualdad ante la ley, porque es un reclamo ciudadano de que haya quienes tienen tratamiento privilegiado y que en muchos casos se utiliza como un pasaporte a la impunidad”.

Y justifica: “Recordarán aquellos escándalos del sindicato de Pemex –el histórico Pemexgate, aquel del desvió de 1,200 millones de pesos de la empresa a la campaña del PRI en 2000, con Francisco Labastida como candidato presidencial y que perdió ante Vicente Fox- recursos  que, por más que se demostró que había habido una desviación de recursos, nunca se pudo procesar al responsable, que era el tesorero, que por cierto, sigue siendo, porque esos son por los siglos de los siglos, amén”.

¿Entonces, por qué no desaparecerlo?

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