No sólo mereció una controversia la reforma a la Ley de Juegos y Sorteos...

No sólo mereció una controversia la reforma a la Ley de Juegos y Sorteos, sino la actuación sospechosa, de presunta complicidad y tráfico de influencias de los ex funcionarios del PAN en la Secretaría de Gobernación, que no se han aclarado. Los 2 temas giran hoy aún en la ruleta de la controversia.

El martes 4 de diciembre de 2012, en medio del repudio a la proliferación de máquinas "tragamonedas", en casas de juegos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer  ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de Controversia Constitucional contra el Ejecutivo federal, por las reformas al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del 9 de octubre de ese mismo año.

Desde entonces ya se cuestionó al ex presidente Calderón y a otros panistas de manejar a su antojo la Ley de Juegos y Sorteos.

Los diputados reclamaron que en ese reglamento se violó su facultad de legislar en exclusiva en materia de juegos y sorteos.

Consideraron  inconstitucional que el Ejecutivo haya publicado cambios al reglamento de la ley, contrarios a su legislación en la cual están prohibidos los juegos de azar, y en el ordenamiento menor se autorizan.

La controversia fue en contra del nuevo artículo 9 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el que se establece que "no serán objeto de autorización las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades".

Además -se quejaron- se reduce la posibilidad de que las utilicen los permisionarios autorizados por la Secretaría de Gobernación, lo que vulnera los derechos de terceros señalados en la Constitución, según señala la argumentación de la demanda.

En votación económica, el pleno en San Lázaro aprobó el envío de la Controversia.

De hecho, el actor de la decisión que combatió la Cámara de Diputados fue el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Primero fue la ley, luego los personajes.

El escándalo en contra del PAN y sus funcionarios reventó en el seno mismo nada menos que del Congreso de la Unión:

“Vengo a esta tribuna de la Comisión Permanente a presentar un punto de acuerdo que es trascendente para la vida del país, trascendente para combatir la corrupción, trascendente para que los mexicanos obtengan información que sea transparente sobre todo lo que está pasando en el país en relación con el tema de los casinos” denunció el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Movimiento Ciudadano.

“La información más reciente que han publicado los medios de comunicación sobre el exceso y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflicto de intereses relacionados con el tema de los permisionarios y operadores de casinos nos obliga a reflexionar sobre las últimas modificaciones efectuadas al reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos en octubre del 2012 y que motivaron una controversia constitucional por esta Cámara de Diputados.

“Consideramos que los hechos han sido contundentes, han ido demostrando que la forma atropellada, ilegal e inconstitucional con que fue elaborado dicho reglamento fundamenta la sospecha de que tal proceder obedeció a la intención de favorecer indebidamente a un grupo selecto de permisionarios y operadores de casinos.

“Esta situación se hizo costumbre como práctica de gobierno en el pasado reciente. El entonces secretario de Gobernación otorgó concesiones para juegos de azar en 2004, situación llevada al absurdo en el pasado gobierno, con las lesivas reformas por decreto al reglamento de la Ley General de Juegos y Sorteos que lesiona el sentido de la prohibición constitucional a los juegos de azar, a las apuestas, creando en los hechos una red de contubernio y complicidad entre casinos, casineros, jueces y funcionarios públicos.

“No actuar en contra de este atropello constitucional nos haría y nos hará cómplices de tanta ilegalidad. Al establecer una salvedad a la prohibición de instalación de máquinas tragamonedas a favor de los casineros, ya que contaron con un permiso, el Ejecutivo, contrariamente a la Constitución, legisló y vulneró la división de poderes, el principio de supremacía de la ley y su obligación constitucional de velar por la estricta observancia de la ley por la administración pública.

“Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos. Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el rol de diversos ex funcionarios en una red ilícita para el otorgamiento de varios permisos, para la instalación de casinos o casas de apuestas de manera irregular”.

Nombres y apellidos

De inmediato, el ex subsecretario de Gobernación y ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, principal acusado -entre muchos otros panistas- de recibir sobornos de los casineros, se abrió al escrutinio:

“Vengo a esta tribuna con sentido de honor, no solamente a respaldar la propuesta que ha hecho el diputado Ricardo Monreal, de que se realice una profunda investigación a cargo de una comisión plural de diputados, en torno a las imputaciones que recientemente se han hecho en los medios de comunicación.

“Desde temprana hora, desde el primer momento en que esas imputaciones fueron realizadas, todas ellas sin ningún elemento probatorio que me incriminase o me involucrara, he salido a dar la cara, a dar paso a cada una de estas acusaciones.

“Y precisamente por eso vengo hoy a esta tribuna, al Congreso al que pertenezco, no solamente a respaldar esas investigaciones, sino a someterme a las investigaciones que este Congreso determine.

“Precisamente por eso haré entrega, en este momento, al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de un oficio, una carta de autorización, para que el Congreso, cualquiera de sus comisiones que realice una investigación, tenga pleno acceso a mis cuentas bancarias y que no sea oponible ninguno de los secretos que ampara a una persona ni el secreto fiduciario ni el secretario bancario ni el secreto fiscal.

“Pongo a disposición esta autorización, para que la Comisión Permanente acuerde lo conducente. No solamente es necesario que se aclaren esas imputaciones, sino también que se prueben esas imputaciones.

“La única manera de que la verdad salga a flote, es que las autoridades que tienen facultades para investigar lo hagan. No solamente he planteado una demanda por daño moral contra la persona que me ha acusado sin pruebas, para que acuda ante un juez y las presente y acredite cada uno de sus dichos.

“Hoy vengo a solicitar a esta Comisión Permanente, que la comisión de investigación que se quiera formar, tome conocimiento y asuma como objeto las imputaciones que personalmente se me han hecho, y no solamente eso, en el momento en el que sea yo señalado en alguna investigación por una autoridad distinta al Congreso, ministerial o administrativa, no me escudaré en el fuero para enfrentar esas acusaciones”.

Con todo ello sobre la mesa, hoy sólo toca a la autoridad hacer su trabajo, señalar a los responsables de la corrupción y aplicar un castigo ejemplar, no continuar con esta corrupción. ¿No cree usted, respetable lector?

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