El negro en el arroz guisado, y puesto en la mesa, lo observó el senador Javier Corral Jurado: "¿Por qué reducir el impedimento de cinco a sólo un año para aquellos que hayan sido secretarios de Estado, gobernadores, legisladores y aspiren a ser comisionados del polémico Instituto Federal de Telecomunicaciones?

"¿Por qué se les reduce el plazo mínimo de experiencia en el sector, o de no haber trabajado en el sector, de cinco a sólo tres años?

"¿En qué ex secretario estará pensando mi partido, el PAN?", se preguntó abiertamente el siempre controvertido Corral.

¡Claro! Si por algo los expertos lo dijeron y lo dicen siempre:      

Aunque es indispensable garantizar su autonomía técnica, el amplio poder que se busca otorgar a los órganos reguladores debe ser acotado y vigilado, bajo estrictos principios básicos rectores de transparencia para evitar abusos y convertirlos en espacios de poder político, advierte un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la

Cámara de Diputados.

Con base en las opiniones de los expertos que participaron en los foros de consulta, el estudio plantea que si bien los ejes centrales en materia de rediseño institucional son la creación o reforma de tres organismos públicos con autonomía técnica en la toma de decisiones, el sector más amplio de la ciudadanía se pronunció a favor de la “vigilancia  directa por parte del gobierno federal”, ya que hasta ahora operan “con un alto grado de hermetismo y opacidad”.

El documento subraya que “la ciudadanía no expresa un apoyo mayoritario a favor del funcionamiento de institutos autónomos sin la participación del gobierno para la vigilancia de las empresas en sectores relevantes de la economía”.

Otra de las protagonistas y conocedoras -aun que un poco marginada- en este proceso de reformas constitucionales en el sector, Purificación Carpinteyro Calderón, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Felipe Calderón y hoy diputada federal del PRD, integrante notable de las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión, también apunta:

"El Instituto Federal de Telecomunicaciones, de nueva creación, será un organismo autónomo y dirigido por un consejo ciudadano. Está bien, es de celebrarse, hay que aprobarlo todo ya. Sin embargo tengo 2 preocupaciones:

• "Una: Es de destacarse el hecho que se le quitó la instrucción directa a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones de que, una vez integrada la investigación, en relación a un probable delito, tenga que hacerlo por querella ante el Ministerio Público. Sí me sorprende porque, finalmente, aún cuando se podría decir, cualquier autoridad que tenga conocimiento de un delito, tiene que hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. El hecho es que estaba ya incluido y de repente se elimina".
• Y dos: "Se hace una modificación en lo correspondiente a las concesiones sociales, en donde parecería que fue a cambio de incluir las palabras indígena comunitaria, que ya estaba incluida en el artículo 28 Constitucional. Ya se hablaba precisamente de que las concesiones tendrían que ser para uso social, y se establecía conforme al artículo segundo, tercero y más transitorios de la Constitución; el segundo habla de los pueblos indígenas, ya estaban incluidos, pero el meter la palabra comunitarias indígenas, de alguna manera fue también la pauta para que se estableciera que las concesiones serían sin fines de lucro.

"Es decir, se van a otorgar estas concesiones a las comunidades y a los pueblos indígenas, pero con la acotación de que serán sin fines de lucro. Obviamente esto abre a la discusión si van a poder comercializar publicidad, para poder financiar sus proyectos, su transmisión. Esto necesariamente tendrá que ser aclarado en la legislación secundaria, porque desde nuestro punto de vista el que sea sin fines de lucro, no significa que no puedan comercializar, que ese es uno de los problemas que hasta el momento tienen, que son permisionarios; es decir, hoy en el régimen legal existen concesiones y permisos.

"Aquellos que detentan un permiso no pueden comercializar publicidad, no pueden tener espacios publicitarios o venderlos. El problema es cómo financiarse a la preocupación que surge, esto es aún cuando va a tener concesiones y aquí en la Constitución se estaría estableciendo que son sin fines de lucro".

Por otro lado, el estudio del CESOP de la Cámara de Diputados señala  también que los sectores que más demandan la no intervención del gobierno son la telefonía fija y celular, radio y televisión abiertas, televisión de paga, bancos y seguros, con porcentajes de entre 36 y 37%.

En contraste, los sectores en los cuales el sector más amplio —sin ser mayoría— se pronunció a favor de la vigilancia directa por parte del gobierno federal son
el gas doméstico y la electricidad; en ambos casos con cifras de entre 42 y 45%.

También es de destacarse que existe un porcentaje muy consistente en todos los casos, de entre 13 y 18%, que consideran que las mismas empresas se pueden vigilar.

Una vez más los sectores en los cuales la población parece buscar una mayor vigilancia son el gas y la electricidad.

Entre la población que se enteró de la presentación de esta iniciativa —según una encuesta del CESOP—, 74% se dijo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con dicha propuesta; entre la población en general existe un “acuerdo” o “acuerdo en parte” de 81%; y 63% espera que esta regulación “sí traiga beneficios para México”.

En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se propone que este organismo tenga a su cargo “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y a otros insumos esenciales”.

El estudio expone que los órganos reguladores “absorben algunas facultades y atribuciones de la secretaría de Estado correspondiente, con el objetivo de diseñar, ejercer y reforzar la regulación en la materia”.

Por ello, este organismo deberá contar con “normas y mecanismos adecuados de transparencia, no sólo para garantizar el adecuado ejercicio de la rendición de cuentas, sino para lograr que sus decisiones sean incluyentes, sin favoritismos ni ventajas para quienes pudieran acceder de manera preferente a la información”.

También –recomienda- “que cuenten con un mandato claro y bien definido, lo cual facilita el diseño y aplicación de sus facultades y competencias”.

Además, garantizar “Objetividad, Imparcialidad, No discriminación entre los agentes del mercado, Neutralidad tecnológica y Proporcionalidad. En este sentido, también se especifica que “existe también un apoyo mayoritario para que estos organismos tomen sus decisiones sin la participación del gobierno”.  

En torno a la Comisión Federal de Competencia  señala que “dado que el capitalismo depende de información veraz y de la libre competencia, es crucial que exista claridad y estabilidad al dirimir los conflictos entre grupos que controlan grandes áreas del mercado”.