Constantes son las denuncias y pocas las respuestas.

Según la bancada del PRD en la Cámara de Diputados demanda, una y otra vez y por diversos medios, a la Secretaría de Gobernación retomar las investigaciones en torno a los casinos irregulares en México y, en principio, le solicitó negar el permiso de operación a la nueva casa de juegos ubicada en plena Avenida Insurgentes Sur 2394, en Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, del Distrito Federal.

A través del diputado federal capitalino Fernando Zárate Salgado, la diputación perredista exige también a las autoridades capitalinas responsables –Jefe de Gobierno y jefe delegacional- “revisar la documentación de ese establecimiento para que “pueda funcionar como casino o como cualquier establecimiento permitido por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y aplicar la sanción jurídica correspondiente, con el objetivo de proteger y conservar esta zona, declarada como patrimonio cultural e histórico”.

La petición fue hecha por el legislador por el Distrito 17, con cabecera en la delegación Álvaro Obregón, en misivas enviadas a Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, y a María Marcela González Salas y Petricioli, Directora de Juegos y Sorteos de México, de la Secretaría de Gobernación.

Zárate Salgado indica que distintos vecinos, intelectuales y asociaciones de protección de la cultura y la historia han denunciado reiteradamente “la construcción, instalación y/o apertura de un casino ubicado en Insurgentes Sur 2394, Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal”.

Explicó a este blogero que el local, anunciado como “restaurante con juegos”, “es un lugar que abrirá en un días y que ya cuenta con maquinas de juegos, tragamonedas, pantallas para apuestas, entre muchas otras cosas”.

También informó que “a pesar de los reclamos de la comunidad intelectual de la zona, pareciera que los funcionarios se echan la bolita y se observa una omisión concertada: El delegado, Leonel Luna, del PRD, hace caso omiso a las demandas de información; Marcela González Salas, de Gobernación, responsabiliza al delegado; Felipe Solís Acero, subsecretario de Elace Legislativo de la Segob, dice que es responsabilidad del jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera”.

Aunque precisó que el nombre del establecimiento aún no se deja ver, indicó que “el dueño es un empresario de apellido Sada”.

Añadió que “la única información que tenemos es que Marcela González nos confirmó que, efectivamente, se trata de una empresa de Jalisco que pretende abrir una casa de juegos, con cara de restaurante, y que impedirán su apertura, aunque aclaró que la decisión final la tendrá el delegado perredista, Leonel Luna”.

No obstante lamentó que, a pesar de las denuncias de los vecinos de la zona, donde operan cinco prostíbulos, lo que genera venta de drogas, de sexo, trata de personas y afectación de una zona cultural e histórica, el jefe delegacional sólo ha mostrado indiferencia”.

Detalló que “este establecimiento ha iniciado una constante discusión sobre el deterioro que puede generarse en la zona protegida, ya que resulta violatorio de la normatividad nacional e internacional que protege el patrimonio cultural y, principalmente, por la violación expresa al programa parcial de desarrollo que estipula de manera precisa el tipo de establecimientos que pueden operar en esta zona patrimonio cultural de la Humanidad”.

Por ello, Zárate Salgado les solicitó a Chuayffet Chemor y María Marcela González Salas “que en el ejercicio de sus facultades se ejerza de manera pronta y expedita, debido al grave conflicto social y cultural que se ha generado y que puede trascender al ámbito internacional, debido al incumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad cultural por el Estado mexicano”.

Asimismo, exigió “que se cumpla con las obligaciones nacionales e internacionales, en el ámbito de sus competencias, dado el daño que puede originarse por el funcionamiento de un casino, mismo que puede provocar la destrucción de la zona histórica y la comisión de delitos. En caso contrario se generaría una crisis social y problemas de irremediables consecuencias”.

Por todo lo anterior, Zárate Salgado dijo que se debe instalar a la brevedad, en la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para Indagar el Funcionamiento de las Instancias del Gobierno Federal relacionadas con el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, aprobada por el Pleno en la sesión ordinaria desde el 14 de febrero, la cual estará integrada por 11 miembros (tres del PRI, dos del PAN, dos del PRD, uno del PVEM, uno del PT, uno de Movimiento Ciudadano y uno de Nueva Alianza).

La Comisión Especial lleva un mes de haber sido aprobada y no se instala. ¡Esperaremos su actuación y sus resultados!