Para contribuir al debate sobre la nueva reforma electoral, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) e Integralia, S.C., elaboraron un estudio denominado Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012). Ideas para una nueva reforma electoral. Dicho estudio comprende, por una parte, de un diagnóstico integral sobre la regulación electoral, generado por Integralia y, por otra parte, de las recomendaciones consensuadas en política pública que, a partir de dicho diagnóstico, sugieren un grupo de reconocidos expertos convocados por el CEEY.

Hallazgos importantes del diagnóstico:

1. Principales fortalezas del sistema electoral mexicano en el ámbito federal:

a) La eficacia del Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las fases operativa y logística de las elecciones.

b) La amplia participación de ciudadanos como funcionarios de casillas, cuya labor garantiza imparcialidad para recibir y contar los votos.

c) La precisión de los instrumentos oficiales para estimar las tendencias del voto y llevar a cabo el cómputo de los mismos.

d) La equidad en tiempos de cobertura noticiosa en radio y televisión que se ha dado en las elecciones federales de los últimos años.

e) El sistema para emitir la credencial de elector y mantener una cartografía actualizada.

2. Problemas más serios del sistema electoral:

a) El costo creciente de las campañas, cuyo financiamiento requiere sumas cuantiosas de recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales.

b) La corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a campañas a cambio de un pago futuro (por ejemplo, contratos de obra pública y permisos de construcción).

c) El desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar campañas políticas.

d) Las prácticas tradicionales, pero crecientes, de clientelismo electoral—intentos de compra del voto, movilización de votantes y condicionamiento de programas sociales.

e) El pago de cobertura informativa en algunos medios impresos y electrónicos que ha contribuido a una relación corrupta entre algunos gobiernos y medios de comunicación.

f) La creciente litigiosidad del sistema electoral que ha estimulado una industria de la queja y la denuncia entre partidos: entre 2000 y 2012 el número de procesos sancionadores aumentó 338%.

3. Algunas recomendaciones vertidas en el informe:

a) Para atacar los altos costos de las campañas:

•  Establecer sanciones enérgicas a todas las modalidades de clientelismo electoral —castigos compartidos entre el partido político (vía una sanción económica) y el candidato (con pérdida de su registro o su inelegibilidad). 
• Prohibir o restringir fuertemente la publicidad oficial de gobierno en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad públicas, entre otros. Ello con el fin de estimular un sistema de medios (prensa, radio y TV) que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos y de las campañas electorales.
• Prohibir las dádivas y prebendas en especie—aunque para algunos panelistas los efectos serían nulos y sólo se haría más rígido y restrictivo el sistema.

b) Para fiscalizar mejor los gastos de campaña:

• Transitar hacia un modelo de fiscalización enfocado en el gasto y no en el ingreso de los partidos.
• Fiscalización concurrente a las campañas y no sólo a posteriori, como sucede actualmente.
• Mayor inversión en sistemas de detección de propaganda fija (espectaculares) y mayores auditorías en tiempo real a los eventos públicos de campaña.
• Evaluar las implicaciones de anular elecciones cuando se detecte rebase de topes de campaña o financiamiento ilegal de las mismas.
• Revisar las modalidades de financiamiento privado y alentar que se legalice y transparente.

d) Para la equidad y transparencia en las contiendas electorales:

• Modificar la fórmula que se emplea para distribuir el financiamiento público entre los partidos, por una más equitativa.
• Transparentar los contenidos, procesos y padrones de los programas sociales.
• Transparentar el financiamiento de las encuestas que se difundan de manera pública. Algunos panelistas sugirieron como requisito que se diga quién pagó y cuánto costó la encuesta.

• Reducir el número de spots que corresponden a los partidos políticos y transformar un segmento de estos en tiempo para debates en torno a propuestas entre candidatos.

El grupo de expertos que generó esta y otras recomendaciones estuvo conformado por: Francisco Abundis Luna, Fernando Agíss Bitar, José Alberto Aguilar Iñárritu, Javier Aparicio, Marco Antonio Baños Martínez, Ulises Beltrán Ugarte, Jaime Cárdenas Gracia, María Amparo Casar, Hugo Concha, Ana Cristina Covarrubias, Luis Estrada Straffon, Flavio Galván, Eduardo R. Huchim May, Mauricio López Velázquez, Irma Méndez de Hoyos, Daniel Moreno, Benito Nacif Hernández, Salvador Nava Gomar, Jesús Ortega Martínez, Francisco Paoli Bolio, Juan Ricardo Pérez Escamilla, Gustavo Rivera Loret de Mola, Arturo Sánchez Gutiérrez y Luis Carlos Ugalde.

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