Ma. Fernanda Diez-Torres *

Más de 28 millones de personas en México están en la economía informal, según el INEGI para este primer trimestre de año. Una cuarta parte de la población total de nuestro país. Aunque en términos de la PEA (población económicamente activa), dicha cifra se eleva al 59%.

Dependiendo del estado, la tasa de informalidad laboral puede llegar al 80.5% (Oaxaca) o disminuir a un 39% (Chihuahua). Mientras que 15 estados superan la media nacional en dicha tasa.  Oaxaca, Guerrero (79.2%) y Chiapas (78.1%), se llevan el deshonroso pódium a las entidades con la mayor tasa de informalidad laboral, también el de los estados con los mayores porcentajes de población en pobreza, según el CONEVAL.

Los estados con menores tasas de informalidad laboral son Chihuahua, Nuevo León (39.7%) y Coahuila (41.3%).

La informalidad tiene su origen en múltiples factores, siendo los más importantes: el nivel educativo, las habilidades para desarrollar determinadas actividades, los costos de ingresar a la economía formal, la falta de infraestructura, la falta de fuentes laborales legales, el poco margen para contratar deuda con la banca privada, etc.

¿Qué es lo que representa tener una alta tasa de informalidad laboral? Significa que la economía no crece, lo cual deriva en falta de empleos formales (con seguridad social, INFONAVIT, pago de impuestos, pensión) y empuja a la población a trabajos donde se carece de dichas prestaciones/obligaciones básicas. Trabajos que solamente alcanzan como medio de subsistencia.

Además las actividades informales son menos productivas que las formales, lo cual deriva en menor productividad, menor crecimiento económico, menores oportunidades de empleos formales, creando un círculo vicioso. El Dr. Luis Videgaray, secretario de Hacienda también lo ha señalado.

Todo lo anterior retrata una realidad difícil de superar, aunque no imposible. ¿Qué se requiere para lograrlo?

Una reforma integral, no sólo a la Hacienda Pública, también al actual sistema de protección social, a la forma en que se llevan las pensiones, y en la forma que se disipan los recursos de nuestro país en subsidios que no siempre alcanzan a la población objetivo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha propuesto una serie de reformas tanto a la hacienda pública, como al sistema de protección social, a través del libro “El México del 2012” y en tres semanas más saldrán otra serie de libros más puntuales en las mismas. Vale la pena subrayar que diferentes grupos de expertos han participado en su elaboración, buscando las mejores opciones para nuestro país.

¿Por qué una reforma integral? Porque los problemas que enfrentan los estados y el país en su conjunto tienen que ver con la falta de un sistema de seguridad social que atienda a todos los mexicanos, de fondos de ahorro para el retiro, lo cual afecta las finanzas públicas de la nación. De una mejor recaudación más justa y más pareja y también de un mejor uso de los recursos con los cuales contamos.

Las grandes decisiones afectan a toda la población en su conjunto. Se debe tener un servicio de salud de calidad, para que en realidad los mexicanos busquemos todos contar con seguro social y no tener que pagar seguros médicos externos. Se debe lograr que los subsidios lleguen a quien más los necesita y sirvan de incentivos para fortalecer la economía formal y la búsqueda de mejores empleos. No que desincentiven la inversión y fortalezcan la economía informal.

Las soluciones existen, no serán fáciles ni rápidas, pero es el momento de que las reformas se lleven a cabo. Sólo así, lograremos que nuestro país deje de ser informal y ofrezca oportunidades de crecimiento,reales y palpables a sus ciudadanos. Mientras esto no suceda, no sólo seremos un país informal, seguiremos sin producir, sin aprender y sin poder competir.

La autora (@Fer10Torres) es Directora de Relaciones Institucionales del CEEY.

Twitter: @ceeymx
Facebook: ceeymx
www.ceey.org.mx