Enrique Cárdenas Sánchez
 

Transformar al país para que en México haya movilidad social y sea realmente incluyente, tal es a propuesta del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), con el concurso de docenas de especialistas de todas las tendencias ideológicas y políticas. Con ello se alcanzaría, verdaderamente, un piso mínimo de bienestar para todos los mexicanos.
 

México será incluyente cuando ningún mexicano padezca hambre, ni esté en peligro de padecerla; cuando todos los mexicanos tengan acceso efectivo a la salud, (con médicos y medicinas y sin importar su condición laboral); cuando haya acceso a la educación decalidad que permita a todos aspirar a un futuro mejor; cuando todos tengan una pensión mínima que al menos los protejan del hambre, y un seguro de invalidez y vida que defienda a la familia de un golpe catastrófico de esta naturaleza; cuando haya acceso a la justicia de calidad donde todos seamos verdaderamente iguales ante la ley.
 

Se requiere que haya movilidad social porque en un país donde es muy baja o no existe la pobreza se hereda. Es decir, donde la posición socioeconómica de un mexicano está esencialmente determinada por la posición que ocupaban sus padres, su futuro está casi totalmente determinado por el lugar y la condición socioeconómica de donde nace. Depende muy poco de su esfuerzo, de su talento y entrega personal y familiar. La baja movilidad social refleja, crudamente, la ausencia de una base o “piso” mínimo que brinde oportunidades a todos.
 

La poca movilidad social también polariza la sociedad y afecta negativamente su cohesión. Esta situación no se puede combatir sin políticas públicas que ataquen las causas de la baja movilidad social del país. En concreto, se identifican dos etapas con influencia directa sobre las opciones de movilidad social de las personas. La primera se refiere a la formación de capacidades, por ejemplo, educación y nutrición durante la edad temprana. En este sentido, la Cruzada Nacional contra el Hambre juega un papel esencial para evitar que desde ese momento el futuro del niño esté casi predeterminado.
 

La segunda etapa tiene que ver con la realización socio-económica de las personas. Para que las opciones de movilidad social perduren más allá del corto plazo, se deben generar mecanismos de protección social que reduzcan la probabilidad de que quienes sufran choques adversos, hereden estos costos a la siguiente generación. Por ello, al no existir esta red de protección, la pobreza y la desigualdad tienden a transmitirse de generación a generación. Un piso mínimo de bienestar para todos permite precisamente acrecentar la movilidad social.
 

Piso mínimo perdurable y sostenible
 

Para hacer realidad este piso mínimo constituido por una red universal de protección social, y para que sea sostenible en el largo plazo, se requiere una transformación del Sistema Nacional de Salud, un esquema maestro que provea la pensión universal, el reordenamiento del federalismo fiscal, y una reforma integral a la hacienda pública. La red de protección social básica para todos incluye el acceso efectivo a la salud, una pensión mínima universal, y un seguro de vida y de invalidez.
 

En cuanto al acceso efectivo a la salud, las propuestas específicas principales son:

•       Establecer la rectoría del sistema en la Secretaría de Salud
•       Transformar el sistema para privilegiar la prevención y el primer nivel de atención.
•       Separar el financiamiento de la provisión del servicio
•       Otorgar portabilidad del beneficio. El usuario elige al proveedor de salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Sistemas estatales de salud, e incluso clínicas privadas previamente certificadas y autorizadas).
•       Eliminar las cuotas obrero-patronales para la salud dentro de la seguridad social
•       Crear dos fondos públicos para el financiamiento: uno para las tareas de salud pública como campañas de vacunación, etc., y otro para la atención médica de la población. Del segundo fondo se toman los recursos para pagar una cápita por persona afiliada a cada proveedor.
 

En cuanto a la pensión mínima universal, las propuestas son:
 
•       La pensión mínima debe ser financiada enteramente por el Estado con ingresos generales.
•       Debe estructurarse en cuentas individuales, y tender a un beneficio mínimo de entre 0.5 y 0.7 veces el salario mínimo mensual.
•       No debe duplicarse el subsidio que otorga el Estado actualmente.
•       Se deben estimular esquemas voluntarios para contribuir a los fondos de pensiones de cada individuo.
•       Los sistemas de pensiones financiados con dinero público deben converger en el tiempo.
 

El seguro de invalidez y de vida deberán ser equivalentes a lo que actualmente ofrece el IMSS, pagado por impuestos generales.
 

La reforma integral a la Hacienda Pública debe financiar la red de protección social mencionada, y disminuir la dependencia del petróleo y el riesgo implícito que enfrenta actualmente. La reforma debe incluir tanto una reforma fiscal como una reforma a la política de gasto, y al federalismo fiscal:
 

En cuanto a la reforma fiscal, las propuestas principales son:
 
•       Homologar las tasas y eliminar los regímenes especiales, exenciones en el IVA y en el ISR, pues son subsidios de escasa rentabilidad social. Sólo dejar exenta de IVA una canasta verdaderamente básica
•       Considerar incrementar un escalón más al ISR de las personas físicas para elevar la tasa máxima y hacerlo más progresivo
•       Disminuir drásticamente los subsidios energéticos y considerar establecer un impuesto al consumo de las gasolinas
•       Considerar la ampliación del impuesto a las ganancias del mercado bursátil
•       Impulsar el cobro del impuesto predial en los municipios más importantes del país.
 

En cuanto a la política de gasto, las propuestas son:
 
•       Racionalizar los programas sociales para que sean redistributivos
•       Financiar la red de protección social descrita anteriormente
•       Otorgar sólo subsidios dirigidos a quienes realmente los necesitan
•       Optimizar el ejercicio del gasto mediante una transformación administrativa, rendición de cuentas y transparencia.
 

En cuanto al federalismo fiscal, algunas propuestas son las siguientes :
 
•       Definir claramente las responsabilidades de cada orden de gobierno y plasmarlas en ley.
•       Encontrar la estructura óptima de financiamiento de cada una de las responsabilidades. Ello implica redefinir el sistema de transferencias y una serie de impuestos que no perjudiquen la recaudación de la Federación en su conjunto.
•       Dotar de potestades tributarias por la vía de sobretasas tanto al IVA como al ISR de personas físicas, estableciendo las bases constitucionales correspondientes. Estudiar la posibilidad de ligar el cobro del ISR al predial, como el modelo escandinavo.
•       Diseñar el presupuesto del Gobierno Federal (el 40% restante, no federalizado) para que responda al objetivo de nivelación regional
•      Reintroducir el impuesto a la tenencia de vehículos como gravamen federal de administración estatal y fortalecer el cobro de los derechos de uso del agua.
•      Asegurar que los impuestos a los combustibles, consumo de alcohol y tabaco sean 100% resarcitorios y que regresen a las entidades federativas que los causaron.
 

¿Es posible financiar esta red de protección social universal y al mismo tiempo disminuir la dependencia petrolera y generar un México incluyente con movilidad social?
 

El costo de la red de protección social cuesta alrededor de 5.5 puntos del PIB, más 0.2% de la exención de la canasta básica, más 0.6% del PIB  en inversión anual para la infraestructura de salud.
 

El financiamiento proviene de las siguientes fuentes: 2 puntos del PIB que ya gasta el gobierno en salud, más casi 3 puntos de recaudación adicional de IVA, entre 1.2 y 1.5 % del PIB de ISR, entre 1.3 y 1.5% de subsidios energéticos, más una cantidad no definida en impuestos al capital. Evidentemente, los recursos alcanzan y quedan cerca de 2 puntos porcentuales más para disminuir la dependencia petrolera y atender otros programas.
 

El impacto que tendría este conjunto de reformas sería enorme:
 
•       Reduce significativamente la pobreza y su volatilidad
•       Mejora la distribución del ingreso y genera mayor inclusión
•       Aumenta el mercado interno al reducir el gasto de bolsillo en salud
•       La portabilidad de beneficios implica un solo número de identificación (Salud, pensiones, RFC, IFE, etc.)
•       Eleva la competitividad al disminuir costos y el concepto de informalidad se desdibuja
•       Aumenta los recursos de las AFORE y libera recursos del sector financiero para aumentar el crédito y la inversión.
•       Establece un piso mínimo, facilita la movilidad social y promueve un México incluyente.
 

Por tanto, debemos reconocer de manera explícita la importancia de contar con un piso mínimo de bienestar que favorezca la movilidad social; la debemos incorporar como parte de la estrategia de política social del Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el primer paso que debemos dar para poder construir una sociedad mexicana incluyente, más cohesionada, donde prevalezca la meritocracia, el reconocimiento al esfuerzo, y en la que todos los ciudadanos gocen de un nivel de bienestar tal que les permita desarrollar todo su potencial.
 

* Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
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