Verónica Malo Guzmán *

Para Mover a México y lograr que el país se transforme radicalmente y alcance menores niveles de pobreza, así como mayor equidad, cohesión, igualdad y movilidad sociales, resulta esencial llevar a cabo una reforma integral de la Hacienda Pública. A su vez, ésta no será posible si no se acompaña del cobijo de un Gran Pacto Social, que incluya el apoyo y compromiso de todos los sectores, organismos y actores de la sociedad.

Como componente indispensable de esta reforma hacendaria y del reordenamiento al federalismo fiscal del país existe, a su vez, la necesidad de homologar de forma gradual las tasas tributarias y eliminar los regímenes especiales, exenciones en el IVA y en el ISR, pues ya se ha visto que éstos constituyen subsidios de escasa rentabilidad social –y en ocasiones son francamente regresivos.

Dado que la generalización gradual del IVA que aquí se plantea afectaría a la población más desprotegida –en razón de que destinan una proporción más alta de sus ingresos a la compra de alimentos, relativamente hablando-, se sugiere incluir algún mecanismo de compensación para los estratos más pobres de la población, como podría ser excluir del gravamen a ciertos productos que conformen una canasta básica (entre otros muchos instrumentos que actualmente ya están siendo considerados).

Será necesario también, como componentes básicos de la reforma fiscal, considerar incrementar un escalón más al ISR de las personas físicas para elevar la tasa máxima impositiva y hacerlo más progresivo, así como establecer un impuesto a las ganancias del mercado bursátil e impulsar el cobro del impuesto predial, particularmente en los municipios más importantes del país.

No se debe descuidar, en paralelo, trabajar en la reestructuración y reorganización del gasto público. En este orden, se deberá racionalizar los programas sociales para que sean realmente focalizados, dirigidos y de carácter redistributivo; generar y financiar sustentablemente un paquete básico de protección social universal que comprenda el acceso efectivo a la salud, una pensión mínima garantizada y seguros de vida e invalidez; así como optimizar el ejercicio del gasto mediante una transformación administrativa, rendición de cuentas y transparencia gubernamentales en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, de manera conjunta y como parte de una verdadera reforma a la Hacienda Pública, se debe modificar los compromisos y organización relativos al federalismo fiscal. Entre ellos, establecer la estructura óptima de financiamiento hacendario de cada una de las responsabilidades adquiridas, redefinir el sistema de transferencias entre los distintos órdenes de gobierno y una serie de impuestos que no perjudiquen la recaudación de la Federación en su conjunto, así como definir claramente las responsabilidades hacendarias de cada orden de gobierno y plasmarlas en ley.

Finalmente, para fortalecer las finanzas a nivel municipal y estatal, se deberán considerar diversos instrumentos y opciones recaudatorias. Entre ellos, se discute ya el ligar el cobro del ISR al predial, el dotar de potestades tributarias por la vía de sobretasas tanto al IVA como al ISR de personas físicas, reintroducir el impuesto a la tenencia de vehículos como gravamen federal de administración estatal, fortalecer el cobro de los derechos de uso del agua, o asegurar que los impuestos a los combustibles, consumo de alcohol y tabaco sean 100% resarcitorios y que regresen a las entidades federativas que los causaron, por ejemplo.

A modo de conclusión, y tan sólo para ilustrar la importancia de hacer una reforma hacendaria, (si bien el escenario no apunta actualmente en esa dirección),  pensemos que si el precio del petróleo se redujera hoy al nivel que se tenía en 2003, el efecto sería una reducción de tajo en los ingresos tributarios del Gobierno Federal en un 20% (así como de varios puntos del PIB y considerables recortes al gasto público). Esta última reflexión lleva al objeto de análisis para una próxima contribución en este espacio: los componentes de la reforma energética a alcanzar. A modo de avance, se puede prever que en esta última se planteará la apertura del mercado y más competencia, así como la revisión de los subsidios a los energéticos, dado que actualmente benefician más a quien más consume; esto es, a los estratos más altos de la población.

Al respecto, cabe decir que la atención de los hacedores de política, así como de la opinión pública en general, estará puesta a partir del próximo mes de junio en la reforma hacendaria. Ello conlleva cierta lógica de negociación, pues si se aprueba primero la reforma a la Hacienda Pública, se creará margen de maniobra para impulsar posteriormente la reforma energética.

* @VeroMalomx es directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); estudió la Licenciatura en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la Maestría y el Doctorado por Georgetown University, EU.

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