El uso político de la procuración de justicia: continuidades y cambios
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El uso político de la procuración de justicia: continuidades y cambios

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El uso político de la procuración de justicia: continuidades y cambios

14/03/2018
Actualización 13/03/2018 - 22:05

¿Es nuevo el empleo de la procuración de justicia y, en específico, de la persecución criminal con fines políticos en México? No, no es nuevo. De hecho, una de las continuidades más resistentes al cambio de nuestro arreglo político a través del tiempo ha sido el uso de la procuración de justicia para beneficiar o proteger a aliados y amigos, así como para amedrentar o castigar a enemigos, rivales o críticos incómodos. Ese modus operandi no ha sido incidental o periférico. Ha sido, más bien, una pieza centralísima de la forma de producir orden político en una sociedad profundamente desigual.

En épocas recientes, y muy en particular a partir de la transición a un sistema electoral plural y fuertemente competitivo, esa práctica tradicional ha adquirido tintes un tanto novedosos. Destacan, al respecto, tres: el uso cada vez más frecuente de la procuración de justicia por parte de los gobernantes en turno en contra de sus rivales en la arena electoral; el empleo crecientemente abierto y visible de ese recurso, y el aumento progresivo del costo vinculado a su uso en términos de la amplitud y fuerza de los cuestionamientos resultantes.

Se entiende que, durante la época del reinado del partido hegemónico, el valor relativo del uso electoral de la procuración de justicia fuese menos importante que en un contexto de pluralidad y competencia efectivas. Otros muchos mecanismos aseguraban el dominio electoral del PRI (el control corporativo y clientelar centralizado, así como el control del proceso y la maquinaria electoral, entre otros) y las elecciones, si bien importantes, eran apenas una de las diversas fuentes de legitimidad del régimen priista. Además, si acaso hacía falta emplear ese recurso contra algún opositor (interno o externo al PRI), solía bastar la mera amenaza de su uso para desactivarlo y, en cualquier caso, podía mantenerse en lo oscurito y evitar con ello “dimes y diretes” que pudiesen tener algún costo para el gobierno y su partido. Podría decirse que aquel viejo PRI cuidaba las formas en como empleaba esas técnicas, la mayor parte del tiempo.

Con la transición a un sistema de partidos plural, a un régimen electoralmente competitivo y a un contexto de mayor transparencia, las cosas cambiaron. La transformación no incluyó reducir la posibilidad de emplear el aparato de justicia con fines políticos, eso siguió igual que siempre. Lo que sí cambió fue que aumentó el valor electoral del recurso para los gobernantes en turno y, por tanto, la frecuencia en su uso, así como –y dada la mayor transparencia– su visibilidad.

Con el paso del tiempo, por otra parte, el costo asociado al uso de la justicia con fines políticos ha venido aumentando. Ese costo ha tenido que ver, fundamentalmente, con los cuestionamientos a la legitimidad de aquellos ganadores de contiendas electorales, cuyos gobiernos/partidos hubiesen utilizado electoralmente la procuración de justicia (el caso emblemático al respecto es Felipe Calderón, tras el procedimiento de desafuero contra AMLO por parte del gobierno de Vicente Fox). Dichos cuestionamientos han resultado costosos no sólo para el ganador cuestionado, sino para todos, pues han obligado a los gobernantes cuestionados a intentar legitimarse echando mano de estrategias que han distado de ser las más benéficas para la sociedad mexicana.

Hasta el momento, sin embargo, la rentabilidad del uso electoral del aparato de justicia por parte de los gobernantes en turno ha seguido siendo positiva. Se vislumbran, sin embargo, fracturas al interior de la clase política que pudieran estar abriendo un espacio para que, al menos un grupo dentro de ella esté dispuesto a aceptar el tránsito hacia una procuración de justicia no controlada por ningún gobierno. Ello, básicamente por considerar que el costo de que la controlen otros y la usen en su contra es mayor al costo de renunciar a intentar controlarla. Una situación de este tipo abriría una oportunidad histórica para lograr avanzar hacia la construcción de un sistema de justicia menos sujeto a las voluntades e intereses de los gobernantes y los partidos que controlan el aparato de justicia.

Si el PRI-gobierno consigue neutralizar a sus opositores en la contienda de este año usando el aparato de justicia con fines electorales, el costo mayor no será que pierda tal o cual candidato. La pérdida mayor será la de haber desaprovechado esta oportunidad inédita para transitar de un sistema de justicia que apuntala y reproduce la desigualdad, a uno capaz de igualar la cancha para todos y, muy en especial, para los mexicanos con mayores carencias.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.