El miércoles 8 de agosto, temprano, supimos que Elba Esther Gordillo Morales había sido puesta en libertad y absuelta de los cargos de operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que se le habían imputado en febrero de 2013. Ese mismo día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregó a Andrés Manuel López Obrador su constancia de mayoría como presidente electo.
Llama mucho la atención una coincidencia así. ¿Sería pura casualidad?
Según declaró a la prensa Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia, la coincidencia entre ambos eventos fue una "coincidencia histórica". Supongo que con ello quiso decir que era producto del azar. En todo caso, en entrevista, también señaló que respaldaba la decisión del Tribunal Unitario que había liberado a Gordillo, que siendo Ministra de la Corte lo que había visto del expediente le había parecido endeble y que "sí merecía esta liberación".
En entrevista aparte, Ricardo Monreal, senador electo por Morena y probable líder de la bancada de ese partido en el Senado, se pronunció en sentido similar, señalando que la coincidencia en cuestión había sido una "mala casualidad". Añadió, sin embargo, que "será una decisión de los maestros si eventualmente la maestra retoma las riendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 'vamos a respetar a los maestros'".
Tanto el encarcelamiento como la liberación de Gordillo tienen un carácter y una lógica eminentemente políticos. Muy probablemente el aparato de procuración de justicia falló en armar un caso sólido contra la exdirigente SNTE, pero fallas así no son novedad. Ese aparato sirve y ha servido históricamente no para procurar justicia sino para dotar al Ejecutivo en turno de una herramienta clave para gobernar un país desigual. Es decir, para premiar a amigos y socios con la exención del castigo penal, así como para disciplinar o sacar de la jugada a los opositores blandiendo sobre ellos "todo el peso de la ley".
En febrero de 2013, el entonces recién estrenado presidente Peña Nieto empleó a la PGR no para sancionar los ilícitos cometidos por Gordillo, sino para remover el principal obstáculo para poder impulsar una reforma educativa, cuyo primer objetivo consistía en quitarle al liderazgo del SNTE el control sobre la política educativa y, en particular, sobre la administración de las plazas docentes.
La posible intencionalidad de la coincidencia entre la liberación de Gordillo y la entrega a López Obrador de su constancia como Presidente electo es mucho menos clara. Para empezar, pues no es fácil determinar quién se beneficia con esa coincidencia, fuera, evidentemente, de "la maestra" misma. Difícil ver qué podía ganar Peña Nieto y difícil, asimismo, entender cómo podía beneficiar a López Obrador el que un hecho así empañase un momento tan importante para él. De lo anterior puede concluirse, como lo hace Ricardo Raphael, que la mano detrás de la coincidencia fuera la propia Gordillo.
Pudiera ser que "la maestra" hubiese instruido a su abogado para tramitar su liberación el 8 de agosto, para así obtener máximo impacto mediático. Dada la escasa independencia efectiva de nuestro Poder Judicial, en especial en casos de alta resonancia que involucran a personajes poderosos, cuesta trabajo creer que el magistrado federal que ordenó la liberación de Gordillo haya actuado enteramente por la libre. Cuesta imaginarlo, además, tomando en cuenta los previsibles efectos de hacerlo el 8 de agosto y dado el muy considerable poder del que ya dispone el Presidente electo. Para decirlo rápido, no parece muy probable que una coincidencia así haya sido producto del azar, pero tampoco que haya sido orquestada en solitario por Gordillo sin algún tipo de anuencia por parte del nuevo gobierno.
Las primeras reacciones de Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, ambos personajes centrales del equipo del Presidente electo, citadas al comienzo de este texto, no indican disgusto o sorpresa frente a la absolución y liberación de Gordillo. Sugieren, más bien, una actitud de aceptación respetuosa e incluso amable.
Más allá de cómo haya sido la cadena de decisiones y, en su caso, consultas que dieron lugar a la coincidencia objeto de estas notas, lo que resulta claro, al menos en términos simbólicos y políticos, es que la liberación de Gordillo el 8 de agosto clausura la ventana de oportunidad que se abrió en febrero de 2013 para acotar el poder de las cúpulas del SNTE en la conducción de la política educativa.
Es temprano para saber si Gordillo Morales logrará hacerse otra vez del poder al interior del SNTE y de volver a tripular con sus aliados y subordinados a la SEP. Pero, la mesa está puesta y no parece haber hasta el momento mayor respingo al respecto por parte del nuevo gobierno.