Opinión

Biocombustibles: ha fallado la instrumentación


 
 
Desde finales de 2006 se estableció como política pública que México produjera biocombustibles, a pesar de ser un productor importante y exportador neto de petróleo. Ello obedeció a una estrategia de diversificación energética pero, sobre todo, a la necesidad de desarrollar energías renovables, sustentables y amigables con el medio ambiente, como parte del denominado 'crecimiento verde', junto con un impulso al campo.
 
 
Además, nuestro país tenía los recursos para hacerlo: caña de azúcar, maíz, yuca y sorgo (dulce) para bioetanol, y oleaginosas, especies tropicales como jatropha, palma de aceite, higuerilla e, incluso, sebos animales y aceites reciclados para biodiesel.
 
 
En 2008 esa política se elevó a rango de norma jurídica con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, que a su vez dio origen a dos programas públicos en 2009: el de producción de insumos para bioenergéticos (Proinbios, a cargo de Sagarpa) y el de introducción de bioenergéticos (responsabilidad de Sener). Los programas establecieron como líneas estratégicas el desarrollo de un sistema de información, el impulso a la investigación y transferencia de tecnología, el fomento a las asociaciones para la producción (sobre todo en el campo), generar certidumbre en el mercado, e incrementar las capacidades y la producción.
 
 
Desde esa perspectiva, la planeación fue adecuada, al tomar en cuenta las experiencias de otros países, y cubrir desde la producción de insumos (agrícolas) hasta el mercado, pasando por la investigación y su aplicación.
 
 
Lo que ha fallado ha sido la instrumentación de la estrategia, al no remover múltiples obstáculos y no alinear otras políticas que hoy significan que la producción de bioetanol y biodiesel como combustibles sea nula. El error más grave para introducir bioetanol fue suponer que el mercado (único) sería Pemex, al sustituir el metil tert-butil éter (MTBE) como oxigenante de las gasolinas, cuando el precio era sustancialmente superior; en las dos subastas fallidas para surtir etanol a Pemex el precio fue del orden de 15-16 pesos por litro, en tanto que el del MTBE era inferior a 8 pesos litro.
 
 
A ello se sumó que ninguna norma o disposición ambiental, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, obliga a Pemex a dejar de utilizar el MTBE a pesar de que se trata de un producto altamente contaminante. Otros mercados, como la exportación, no fueron considerados ya que prevalecían elevados subsidios en otros países y las desventajas competitivas eran evidentes, como el maíz en Estados Unidos o la caña de azúcar en Brasil.
 
 
Otros obstáculos fueron la ausencia de proyectos integrales (se apoyó la producción de insumos con recursos públicos, pero no a los eslabones industriales); las restricciones que impone la Ley para vincular el precio de la caña en función del precio del azúcar (no es rentable destinar caña a biocombustibles); y la restricción legal que impide utilizar maíz para etanol por cuestiones de seguridad alimentaria, entre otras.
 
 
En biodiesel, el costo de producción todavía es mayor que el del hidrocarburo fósil y, aspecto que no es menor, México es altamente deficitario en oleaginosas (en 2012 se importó 83% del consumo nacional).
 
 
Si bien se ha avanzado en la investigación y desarrollo de los cultivos tropicales (jatropha e higuerilla), su cosecha y recolección aún no son rentables para producir biodiesel.
 
No obstante la problemática anterior, México debe caminar hacia el uso de biocombustibles. Se requiere aprovechar y transferir a los productores las investigaciones que se han realizado: en 2009-2012 se destinaron casi 50 millones de pesos a ese propósito, en particular, para biocombustibles de 'segunda generación', esto es, aquéllos que no compiten por insumos alimentarios, como las algas y los cultivos tropicales. Desde luego, también será imprescindible remover las trabas que hoy limitan transitar por ese camino.
 
 
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