Opinión

Bien por la Cámara de Diputados

 
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san lázaro

Qué bueno que la Cámara de Diputados decidió aplazar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y abrir un periodo para su discusión. Lo celebro por dos motivos: el proyecto de ley aún tiene enfoques y omisiones negativas y segundo, porque Trump está presionando para imponerle al gobierno de Peña un esquema semejante al Plan Colombia para seguridad de la frontera. El planteamiento ya lo hizo el secretario de Seguridad Nacional de Trump, John Kelly.

El aplazamiento de la ley no mejora en lo más mínimo la situación de inseguridad pública, que en gran medida es resultado de la guerra contra los cárteles del narcotráfico que emprendió Felipe Calderón en diciembre de 2006.

Lo que es alentador son las conclusiones de un estudio de la dirección General de investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, denominado “Seguridad interior: elementos para el debate”.

El estudio del Senado hace dos afirmaciones que, si son tomadas en cuenta, obligarían a un cambio de estrategia en seguridad pública. Dice, por un lado, que no se justificaba la intervención militar en el combate al narcotráfico: “no hay diagnósticos oficiales públicos y detallados que justifiquen esta guerra”.

Se refiere a que los índices de violencia en México estaban en niveles históricamente bajos: 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, aunque había regiones en algunos estados, como Michoacán, en los que la autoridad era (y sigue siendo) la de los delincuentes.

La segunda conclusión es más conocida: la estrategia seguida en la guerra triplicó, casi desde su inicio, el índice de homicidios, que en 2016 llegó a 23.7 por cien mil habitantes y va en aumento este año.

Una causa de la elevación de muertes es la letalidad de los operativos militares. Otra es el error estratégico de haberle hecho caso a la DEA -la Administración para el Control de Drogas estadounidense- y haber puesto al Ejército a perseguir a las cabezas de los cárteles del narcotráfico, provocando su fraccionamiento en centenares de organizaciones criminales y desatando la violencia entre ellas.

La DEA administra y controla el trasiego de drogas, no enfrenta para destruir, la organización que las distribuye en EUA.

En 2006 había cinco grandes organizaciones criminales en México. Hoy son más de 230, diversificadas en delitos que impactan a la sociedad y que son cada vez más difíciles de combatir, si no es con buenas policías locales.

Además de tan malos resultados, la militarización de la guerra al narco debilitó el Estado de derecho y comprometió el prestigio e integridad del Ejército y de la Armada. Ambas fuerzas han operado a discreción del Presidente de la República, y ambas reclaman hacerlo dentro de un marco legal.

Entre las críticas a la Ley de Seguridad Interior aplazada, hay que subrayar dos: que se centra en darle más poder y margen de maniobra al Ejército, en vez de ofrecer más capacitación, entrenamiento y presupuesto a la policía, y que más militares con más atribuciones en las calles significan su eventual imposición sobre las autoridades civiles y menos libertades, pero no una solución de fondo a la inseguridad.

Además, no vaya a ser que se amplíen las atribuciones de las fuerzas armadas a costa de las civiles y que el gobierno de Trump logre intervenir con un esquema como el Plan Colombia, que comprendería presencia militar estadounidense en nuestro territorio, no sólo de facto, como probablemente ya ocurre en algunas áreas o regiones, sino por derecho.

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