A pesar de haber invertido tiempo, recursos y acciones para controlar la corrupción en México, todo indica que en lugar tener algún avance en los últimos 20 o 30 años, la corrupción ha empeorado. Es lógico concluir que el tipo de políticas anticorrupción que se han diseñado, y el entramado administrativo desde donde se planean y se echan a andar esas políticas, han fallado.
Sofía Ramírez, directora general adjunta de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción, publicó ayer en el portal Arena Pública (https://bit.ly/2OFABJe) un provocador artículo en donde revela el contenido de conversaciones que tuvo con contralores internos del gobierno federal. Ahí emergieron varios temas que explican parte de las razones del fracaso. Desde 2009, cuando se propuso desaparecer a la SFP y después, cuando efectivamente desapareció de 2013 a 2015, esa secretaría ha sido arrastrada a una espiral de degradación institucional que ha devaluado su autoridad política y fuerza administrativa, lo cual dificulta la capacidad de los contralores de actuar en su nombre. Pero lo más revelador fue comprobar que muchos contralores conocen y saben de los negocios prohibidos y bribonadas que se ejecutan al interior de las dependencias, pero que la falta de respaldo institucional y político para proceder en contra de los responsables de la corrupción, sumado a la debilidad de la SFP, les impide cumplir su papel; al final, es como si tuvieran las manos atadas.
Las investigadoras Heather Marquette y Caryn Peiffer, de la Universidad de Birmingham (https://bit.ly/1LAkRU1), con otros autores que han llegado a conclusiones parecidas. Argumentan que el fracaso de las políticas anticorrupción en el mundo tiene que ver con el hecho de que han sido diseñadas con base en teorías académicas, como la teoría de agente-principal y la de "acción colectiva", en lugar de delinearse con base en el estudio del entorno específico. Concluyen que para el diseño de políticas anticorrupción efectivas las teorías pueden ser útiles, pero lo que es importante es el contexto institucional y las dinámicas políticas particulares de cada lugar, así como la construcción de coaliciones anticorrupción amplias dentro y fuera del gobierno. En efecto, para controlar la corrupción no basta con adherirse a una escuela teórica, más bien es necesario comprender la economía política de la corrupción, estudiar cada contexto para diseñar políticas que resuelvan dinámicas políticas y económicas particulares y conseguir el apoyo social suficiente para generar los cambios deseados.
Si hacemos una revisión del entorno en el que se da la corrupción en México, es necesario tomar en cuenta que en algunos ámbitos de la vida pública, la corrupción ha funcionado como un instrumento al servicio de la gobernabilidad, para asegurar la estabilidad política frente a grupos de interés –algunos sindicatos, por ejemplo– con capacidad de desestabilizar al país, para lograr la cohesión del partido en el poder, para pagar favores derivados de compromisos hechos en elecciones y también para conseguir la colaboración del Congreso en la aprobación de ciertas piezas legislativas, como el Presupuesto de Egresos. Hay que tomar en cuenta además que para que los contralores en el gobierno federal o en otros poderes y órganos autónomos puedan hacer adecuadamente su trabajo, necesitan de un respaldo político e institucional que actualmente no tienen. Bajo los incentivos y el contexto político en el que trabajan los contralores, resulta políticamente inviable que investiguen y actúen en contra de personajes políticos de mayor jerarquía, o en contra de alguien que pertenece a una de las camarillas que sostienen a la coalición gobernante. Las preguntas relevantes aquí son, ¿cómo dar la vuelta a estas condiciones políticas y económicas que han definido la corrupción en México y que no permiten a los responsables de su control actuar con libertad? ¿Cómo les desatamos las manos a los contralores?
En primer lugar, sería indispensable que en los liderazgos del gobierno se reconozca que la corrupción ya no funciona como un instrumento de gobernabilidad. Actualmente es precisamente la corrupción sin control la que pone en riesgo la estabilidad, la legitimidad y la viabilidad electoral de un proyecto político. En segundo lugar, el combate a la corrupción debe verse como una fuente relevante de ingresos para el gobierno. Las multas derivadas de sanciones y la recuperación de activos podrían llegar a representar una fuente de recursos para el sector público, y una medida que mostrar frente a la sociedad del éxito anticorrupción. En tercer lugar, es necesario asumir que el combate a la corrupción es fuente de legitimidad democrática, sin la cual un proyecto político se vuelve inviable, por lo que debería ser una decisión prioritaria que se combata la corrupción sin ambigüedades. Finalmente, las instancias de control de la corrupción deben contar con un respaldo político suficiente, sustentado en una amplia coalición que incluya al gobierno, la sociedad civil y al sector privado. Los contralores y todos los que tienen alguna responsabilidad en el control de la corrupción, deben saber que cuentan con el amparo político incondicional y la protección legal y administrativa del Estado, así como con el respaldo de la sociedad. Sin ese apoyo, las políticas anticorrupción no podrán dar resultados y los responsables de ponerlas en marcha seguirán con las manos atadas.