A mediados de enero, el candidato a la presidencia de la coalición Todos por México hizo pública una agenda de seis puntos que podrían representar el principio de su propuesta anticorrupción. Esta agenda fue un llamado a los partidos, coaliciones y a los otros candidatos a la presidencia para coincidir en el impulso a iniciativas y acciones para desatascar nombramientos pendientes y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Los puntos mencionados por Meade en esa ocasión fueron:
1.- Que el Senado nombre a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción.
2.- Dar autonomía al Ministerio Público federal mediante la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
3.- Crear marcos homologados de funcionamiento del Ministerio Público a nivel local.
4.- Nombrar al fiscal general y al fiscal anticorrupción.
5.- Aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción.
6.- Aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Llaman la atención varias cosas de esta agenda, además del hecho de que el sexto punto ya fue solventado. En primer lugar, José Antonio Meade es el único candidato a la presidencia, hasta ahora, que de manera muy clara ha propuesto fortalecer y consolidar las reformas de 2015, que crean el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ricardo Anaya, en lugar de dar su aval al SNA, ha propuesto la creación de una comisión de la verdad, que con asistencia internacional se dedique a revisar los casos de corrupción de esta administración, una idea que recuerda el experimento hecho en Guatemala, que dejó la investigación de casos de corrupción en manos de una Comisión Internacional contra la Impunidad, coordinada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta propuesta no sólo duplicaría el papel testimonial e independiente del Comité de Participación Ciudadana del SNA, sino que tiene un claro sentido intencional de venganza política, pues esta comisión de la verdad se encargaría concretamente de revisar la corrupción del actual gobierno, y esa no es toda la verdad, sino sólo una parte.
Andrés Manuel López Obrador ha logrado reunir una colección miscelánea de propuestas anticorrupción, una macedonia tutti frutti de ideas sueltas que en ocasiones resultan contradictorias y difíciles de integrar como parte de una estrategia general, pero que esencialmente se fundamentan en el valor de predicar con el ejemplo a los demás servidores públicos y ofrecer perdón a quienes han violado la ley; en personalizar sin contrapesos los nombramientos en posiciones de procuración de justicia –una especie de regresión democrática–, y en equiparar en la ley la corrupción al crimen organizado, por lo que si alguien es investigado por corrupción, se le podría dar prisión preventiva. En suma, una mezcla de arbitrariedad, impunidad por mandato y mano dura.
En segundo lugar, la propuesta de Meade, además de ir por el camino de consolidar las reformas anticorrupción y del SNA, se concentra en mejorar las capacidades del Estado para procurar justicia y acabar con la impunidad, en específico en darle independencia del Ministerio Público. Hablar de la independencia del Ministerio Público no es más que subrayar la importancia de concluir la implementación de las reformas que crean en México una Fiscalía General de la República con plena independencia.
La autonomía y la creación de órganos autónomos le han hecho un gran servicio a nuestro país. El Banco de México y el INE, por citar dos de los ejemplos más destacados, se han convertido en instituciones con credibilidad y prestigio, que cumplen su función con criterios técnicos y legales con la que mantienen una visión de Estado, haciendo a un lado los intereses de los partidos, las necesidades políticas coyunturales y las presiones de poderes fácticos.
La autonomía le vendría bien al Ministerio Público, enfatizaría su carácter técnico en la investigación y persecución del delito y, en especial, de la corrupción. Es bien sabido que muchas veces el Ministerio Público se aleja del principio de legalidad y se deja influir por criterios políticos, por la fama y situación socioeconómica de los inculpados, por la relevancia mediática del caso y otros criterios que marcan la impartición de justicia en México con una huella de discriminación, discrecionalidad, abuso, corrupción e impunidad. Esa situación sin duda ha sido determinante para que el Índice Global de Impunidad, que elabora la Universidad de las Américas Puebla, coloque a México como el cuarto país en el mundo con mayor impunidad.
No podemos saber de antemano cuál podría ser el efecto de la autonomía sobre el trabajo de las fiscalías y sobre el combate a la impunidad y la corrupción. Pero si sacamos al Ministerio Público de la órbita organizacional y política del Ejecutivo, si le damos a sus agentes garantías de estabilidad laboral y de desarrollo profesional con base en el mérito, de mejorar sus oportunidades de capacitación mediante mecanismos de formación técnica, estaríamos generando las condiciones para una auténtica impartición de justicia imparcial y eficaz y un auténtico combate a la corrupción.
A lo largo de toda la cadena de responsabilidades en la impartición de justicia, el Ministerio Público tiene un papel central en la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de todos. Pero para ello requieren de autonomía y de apoyos para que puedan cumplir con su misión fundamental de proteger nuestros derechos y crear una sociedad de leyes.