Hacia una política nacional anticorrupción
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Hacia una política nacional anticorrupción

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Hacia una política nacional anticorrupción

26/06/2018
Actualización 26/06/2018 - 14:03

La semana pasada la Red para la Rendición de Cuentas (RRC), un colectivo impulsado a iniciativa del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y que reúne a académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas preocupadas por impulsar una agenda de rendición de cuentas en México, hizo público en su página de internet un documento titulado “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública” (https://bit.ly/2tdDU2n). Se trata de un documento de 216 páginas que se anuncia como una propuesta preliminar que será sometida a consulta, y que se publica con los logotipos de la RRC y el CIDE. Estas páginas no incluyen una introducción o presentación en la que se explique cómo fue el proceso de integración de la propuesta ni quiénes son sus autores, aunque podemos suponer que en su redacción participaron de forma más o menos activa los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), o que al menos que se contó con su aprobación para hacer este trabajo.

Creo que podemos estar de acuerdo en que la aparición de esta propuesta es una buena noticia, pues se vislumbra ya la posibilidad de que el SNA empiece a darle forma a una política nacional anticorrupción, tema que había sido pospuesto por demasiado tiempo. La ausencia de una especie de programa o plan de trabajo ya se estaba convirtiendo en una especie de elefante en la habitación para el SNA. Sin un programa de trabajo el SNA no podía iniciar acciones que tuvieran congruencia con una política de mediano y largo plazos que buscara objetivos concretos; no permitía que los integrantes del Comité Coordinador del SNA realmente se coordinaran ni le daba a los sistemas anticorrupción locales una idea clara del rumbo de dicha política en sus propios ámbitos de gobierno. Me consta, pues me lo consultaron, que integrantes del propio Comité Coordinador del SNA no entendían bien a bien cuál era su rol específico, fuera de lo que marcaba la ley. Tuve que responderles que en ausencia de un programa de trabajo, esa pregunta no tenía respuesta.

La ausencia de directrices en la política nacional anticorrupción por parte del SNA reducía su actuación a reacciones coyunturales, que aún reunidas y decantadas no dejaban adivinar en su conjunto algún acento concreto ni interpretar que fueran parte de un itinerario a trazar por ese Sistema.

El no contar con un programa de trabajo del SNA era materia de especial preocupación, pues desde afuera, a algunos ciudadanos nos parecía que la omisión se sumaba al hecho de que en sus inicios el CPC cometió varios errores, unos graves y otros muy graves. Fue triste en especial que en una de sus primeras acciones, el CPC malograra el proceso de selección del secretario técnico del SNA con una designación afectada por conflicto de intereses, pues el designado había sido colaborador directo de uno de los miembros del CPC, sin que ninguno de los dos hiciera pública dicha situación durante el proceso de selección ni después. Todo indica que ese pecado original acompañará el trabajo del SNA en el futuro y que no hay nada que hacer ahí, lo cual debilitará en alguna medida la credibilidad y legitimidad de sus acciones y la posibilidad de que el SNA exija rigor e independencia en otras designaciones pendientes relacionadas con el propio sistema, además de sentar un mal ejemplo para los sistemas locales, que se sentirán con la libertad para colocar en posiciones clave a sus allegados y amigos. Fue también un error muy grave que tres de los cinco integrantes del CPC participaran en un rally político organizado por un gobernador de oposición que, con el pretexto de defender la 'dignidad', mantenía un oscuro conflicto por dinero con el gobierno federal en pleno período de campañas electorales, dando a entender que el CPC se convertía de hecho en factor de la contienda electoral a favor de una de las coaliciones.

El documento presentado por la RRC y el CIDE dedica las primeras 154 páginas a una taxonomía de la corrupción y un diagnóstico del problema en México. Una observación que podemos hacer al documento es que, si bien hay referencias bibliográficas, no se incluye una lista de la bibliografía utilizada, lo cual deja a quienes nos gusta ahondar en el tema un tanto perplejos y frustrados.

En suma, si suponemos –aunque no sea explícito– que este documento se elaboró con la participación o auspicio del CPC-SNA, representa una de sus primeras acciones que apuntan a la conformación de una agenda nacional anticorrupción, que se aleja de los errores en los que cayó durante su primer año de existencia y que sólo por ello es algo que es importante apoyar y alentar. Hay que suponer que la ausencia de las siglas del CPC en el documento tiene la intención deliberada de dar a entender que la agenda anticorrupción debe partir de las propuestas ciudadanas –en este caso de la RRC y CIDE– y que la participación del CPC y de la Secretaría Ejecutiva vendrán después, en el diseño de las acciones de implementación de esa agenda. Como quiera que sea, es necesario felicitar a la RRC-CIDE por esta propuesta de saque y estar atentos a que se definan los mecanismos de consulta y revisión para aprovechar la oportunidad de participar en su perfeccionamiento.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.