EU, China y el futuro del combate transnacional a la corrupción
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

EU, China y el futuro del combate transnacional a la corrupción

COMPARTIR

···

EU, China y el futuro del combate transnacional a la corrupción

15/05/2018

El pasado mes de diciembre, el presidente Trump ordenó la implementación de una nueva ley anticorrupción. La Ley Global Magnitsky sobre Derechos Humanos y Rendición de Cuentas (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) autoriza al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones a cualquier ciudadano de otro país que se vea involucrado en violaciones graves a los derechos humanos y en casos de corrupción. Esta ley, que lleva el nombre de un abogado ruso que denunció casos de corrupción en su país y que murió debido a ello, ha causado una gran expectativa en todo el mundo (https://bit.ly/2IkJ3v9).

EU ya contaban con diversos mecanismos para imponer sanciones a ciudadanos de otros países, empresas extranjeras e incluso para sancionar a países. Esas sanciones son administradas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). El trabajo de la OFAC está alineado con la política exterior de Estados Unidos para procurar objetivos de seguridad nacional. Las sanciones incluyen embargos comerciales, congelamiento de cuentas y restricciones migratorias, como negarles la entrada al país.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre la Ley Magnitsky y la Foreign Corrupts Practices Act (FCPA), que ya daba a las autoridades de EU el poder de negar la entrada a personas involucradas en investigaciones de corrupción? En primer lugar, las sanciones que se aplican bajo la Ley Magnitsky están enfocadas a castigar corrupción, pero también violaciones a derechos humanos que ocurran en cualquier lugar del mundo fuera de Estados Unidos, y que potencialmente puedan afectar la seguridad nacional de ese país, lo cual deja un amplísimo margen de discrecionalidad en la aplicación de la ley.

En segundo lugar, se amplía radicalmente el abanico de personas y entidades sujetas a sanciones. Por ejemplo, la FCPA no contempla sancionar a servidores públicos extranjeros que reciben mordidas; la Ley Magnitsky, en cambio, contempla la posibilidad de sancionar servidores públicos en activo y exservidores públicos de otros países involucrados en corrupción; bajo la FCPA se requiere que la persona sancionada tenga algún nexo con Estados Unidos para tener “jurisdicción”, mientras que la Ley Magnitsky no tiene ese requerimiento. En tercer lugar, a diferencia de la FCPA que mantiene los nombres de los sancionados en confidencialidad, los nombres de quienes sean sancionados bajo la Ley Magnitsky serán públicos y formarán parte de reportes que el presidente tendrá que entregar al Congreso.

En consecuencia de la adopción de esta ley, una coalición de unas 70 organizaciones de la sociedad civil (https://bit.ly/2rGazNh) se han organizado para aportar información sobre violadores de derechos humanos en diversos lugares del mundo y están presionando al gobierno de EU para que aplique las sanciones que se contemplan en la Ley Magnitsky. Es previsible que bajo la facilidad con la que es posible presentar denuncias anticorrupción o de violaciones a derechos humanos, que la Ley Magnitsky se convierta en un elemento que cambie el tablero del juego en el comercio internacional y en la corrupción política en el mundo.

La otra cara de la moneda en el combate a la corrupción internacional es China. Si bien China ha cambió en 2011 sus leyes para sancionar la corrupción de empresas que se encuentren bajo la jurisdicción de ese país, cumpliendo con un requisito de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas, la realidad es que no se ha aplicado una sola sanción bajo estas nuevas disposiciones. El presidente Xi Jinping lanzó en 2013 una agresiva ofensiva doméstica contra la corrupción, sancionando a cerca de un millón de servidores públicos, pero no hay un solo caso de corrupción transnacional sancionado por la economía exportadora más poderosa y compleja del mundo (https://bit.ly/2rIEC6m).

Las legislaciones que sancionan la corrupción transnacional llevan tiempo para madurar. La FCPA entró en vigor en 1977, pero el 80 por ciento de las sanciones que se han impuesto bajo esa ley se aplicaron después de 2007; la UK Bribery Act entró en vigor en 2011, pero la primera sanción de corrupción internacional bajo esa ley se aplicó en 2014; Corea del Sur aprobó su ley contra la corrupción internacional en 1999, pero no sancionó a nadie hasta 2003; Japón aprobó su ley en 1998, pero el primer caso se dio hasta 2007. En 2015 casi la mitad de los 42 países que han firmado la Convención Anticohecho Internacional de la OCDE no han presentado un solo caso desde 1999 (México entre ellos). En el caso de China, sin embargo, algunos analistas consideran que su tolerancia a la corrupción internacional forma parte de una estrategia comercial, por los beneficios que les da a sus empresas el pago de mordidas en ciertos mercados para obtener beneficios.

La gran pregunta hacia el futuro es si ambas potencias comerciales tendrán un compromiso equivalente que cierre la pinza a la corrupción internacional. Por lo pronto, se ve difícil que tanto China como otros países (México incluido) mantengan por mucho tiempo estándares de cumplimiento tan bajo en cuanto al combate al cohecho internacional, con EU moviéndose hacia la definición de mecanismos cada vez más severos de sanción de la corrupción internacional.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.